Fox acepta las exigencias de los huelguistas de Oaxaca

El conflicto en el Estado mexicano de Oaxaca ha entrado en una fase de solución después de que el Gobierno de Vicente Fox aceptara el lunes por la noche la exigencia de los huelguistas de poner a los cuerpos policiales oaxaqueños a las órdenes de un funcionario federal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo garantizó la no intervención de la Policía Federal. Por su parte, los militantes de la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los maestros en huelga se han comprometido a desalojar las zonas que mantienen ocupadas en la capital del Estado y a reanudar las clases, después de un paro que dura 145 días y afecta a más de un millón de alumnos.

El acuerdo final depende de lo que digan las "asambleas populares" que se celebrarán los próximos días en Oaxaca. La cara del conflicto ha cambiado notablemente después de una larga reunión en la Ciudad de México entre el secretario (ministro) de Gobernación, Carlos Abascal, y los líderes del movimiento de protesta. En aras de lograr el anhelado acuerdo el Ejecutivo federal ha aceptado "la renuncia" de tres principales responsables policiales y de la procuradora (fiscal) del Estado.

Asimismo, las dos partes acordaron que una comisión encabezada por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) coordine la reanudación de las clases. A expensas de la ratificación del acuerdo por las bases del movimiento de protesta, la vía de la negociación parece imponerse después de la seria advertencia de palabra y obra del Gobierno federal de intervenir por la fuerza en Oaxaca. La semana pasada hubo intensos movimientos de efectivos de la Policía Federal y de la Marina.

Entrega de zonas ocupadas

El punto central del acuerdo es la entrega de las zonas ocupadas por militantes de la APPO, especialmente el centro histórico de la ciudad Oaxaca, y el levantamiento de las barricadas que impiden el libre tránsito por la noche, para que efectivos de la policía estatal y municipal se encarguen de la vigilancia y seguridad en las calles. El Gobierno ofreció poner en libertad a los detenidos durante el conflicto y suspender las órdenes de captura contra varios dirigentes.

Los líderes de la revuelta aceptaron a regañadientes sacar de la mesa de negociaciones la destitución del gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hasta la fecha habían presentado como exigencia irrenunciable. Finalmente, será el Senado la institución que decidirá si procede o no la desaparición de poderes en el Estado de Oaxaca, lo que permitiría la renuncia del gobernador. "Vamos a continuar exigiéndola [la destitución] por la vía institucional", dijo Enrique Rueda, dirigente del sindicato de maestros.

Varios miles de seguidores de la APPO, que llegaron el lunes a la Ciudad de México después de una marcha a pie desde Oaxaca, están concentrados frente a la sede del Senado como medida de presión para lograr la caída del gobernador, a quien señalan como la causa principal de sus males.