Un Gabinete de excepción

Se cumplió ayer el 70º aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco, el 7 de octubre de 1936. Llama la atención que en un país en el que sobreabundan las referencias históricas, en el que con extraordinaria frecuencia se apela al pasado y a las trayectorias milenarias de los vascos, una fecha de la importancia de ésta no tenga una celebración acorde y, prácticamente, pase inadvertida. ¿Desidia, desinterés, olvido de las deudas históricas? De todo hay posiblemente, pero la desmemoria resulta en este caso clamorosa, máxime cuando quizás sea la fecha del 7 de octubre la que puede concitar una mayor adhesión entre todos los demócratas, los nacionalistas vascos y los que no lo son.

Cuando echó a andar la primera autonomía vasca primaron la colaboración y el esfuerzo común

Quizá sea la fecha del 7 de octubre la que puede concitar una mayor adhesión entre todos los demócratas

Dos razones de peso lo avalan. Primero, el que se formó hace setenta años fue el primer Gobierno vasco de la historia, y con su nacimiento se puso en marcha el Estatuto de Autonomía aprobado unos días antes, que constituye el acta de nacimiento de Euskadi como realidad institucional, pues antes nunca hubo una institución similar ni equiparable. Segundo, fue un Gobierno de concentración, en el que participaron seis partidos, nacionalistas y no nacionalistas. Lugar de encuentro, la autonomía vasca y el Gobierno que la dirigiría nacían en 1936 de la colaboración de todos los partidos que defendían la democracia. Ambas circunstancias aconsejarían que este día tuviese la debida resonancia institucional y pública, para conservar la memoria histórica y porque en una sociedad como la vasca, que carece de referentes colectivos compartidos, en la que ni siquiera se ha encontrado una festividad que escape de la diatriba partidista. El 7 de octubre simboliza precisamente, además de la aparición de Euskadi como entidad política con reconocimiento jurídico, la apuesta conjunta por la democracia y por la autonomía de fuerzas de signo político muy diverso.

Efectivamente, la historia autonómica del País Vasco empezó con una coalición gubernamental formada en una situación excepcional de guerra. El 1 de octubre las Cortes de la República habían aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por entonces sólo Vizcaya y los valles limítrofes de Guipúzcoa y Álava permanecían en manos de la República.

En esas críticas circunstancias militares, el nacionalismo vasco vio satisfecha la reivindicación autonómica, el eje de su actuación durante la II República. Además, el PNV logró la preeminencia política: el nacionalista José Antonio Aguirre se encargó de formar y presidir un Gobierno Provisional Vasco de concentración, en el que el PNV conseguía importantes cotas de poder.

Aguirre fue elegido presidente en una casi unánime votación de los alcaldes y concejales vizcaínos y de algunos ayuntamientos guipuzcoanos, resultado que se debió a una decisión política acorde con la estrategia del líder socialista Indalecio Prieto. En realidad, los resultados de las elecciones de febrero del 36 no justificaban tal primacía, pues el Frente Popular había obtenido más votos que el nacionalismo, en especial en Vizcaya, la provincia donde ejercería casi exclusivamente su poder el Gobierno vasco. Los candidatos más votados habían obtenido alrededor de los siguientes resultados: Frente Popular: 80.400 votos; Nacionalismo: 68.800; Derecha: 52.000. Para asegurarse la adhesión del nacionalismo, la República primó la presencia política del PNV en el País Vasco.

"Al constituirse el Gobierno provisional vasco, nacido de la voluntad popular, los puntos fundamentales del programa a que someterá su actuación tienen por finalidad inmediata el supremo designio de conseguir la victoria y establecer y organizar definitivamente la paz, como Gabinete de guerra que es". Con estas palabras comenzaba la Declaración Ministerial con la que echó a andar el Gobierno vasco el 7 de octubre de 1936.

Compusieron el Gabinete once miembros, que pertenecían a los siguientes partidos: PNV, PSOE, Unión Republicana, Izquierda Republicana, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista. Pese a que la mayoría formaban parte del Frente Popular, la hegemonía correspondía al PNV. Tenía la Presidencia y era el partido con más carteras, cuatro (Defensa, que se reservaba el propio Aguirre, Justicia y Cultura, Hacienda y Gobernación). Estas áreas le conferían las decisiones claves en las difíciles circunstancias de 1936-1937: la organización y dirección gubernamental de la guerra (Defensa), el mantenimiento del orden (Gobernación y Justicia) y la principal cartera económica (Hacienda), básica para financiar la guerra y la actividad gubernamental, además de la enseñanza (Cultura), función ideológicamente importante para el PNV.

El PSOE era el otro partido fuerte en el gobierno, con tres carteras. Pero sus departamentos tenían funciones dispersas, que no pesaban tanto en la marcha de los acontecimientos. Dos de sus consejerías encajaban con su especialización ideológica, las de Trabajo y Asistencia Social. Y dirigía Industria, con competencias sobre la actividad económica que no se considerase de utilidad bélica.

Cada uno de los otros cuatro partidos tenía una cartera. El representante comunista recibió Obras Públicas, cuya su principal competencia fue el transporte. Al nacionalismo de izquierdas, ANV, le correspondió una cartera significativa para la ideología nacionalista, Agricultura. A los republicanos se les otorgó Sanidad (Unión Republicana), que tenía a su cargo la sanidad civil -la militar dependía de Defensa- y Comercio y Abastecimiento (Izquierda Republicana).

Los once miembros del primer Gobierno vasco tenían distinta procedencia ideológica, pero algunas notas comunes tendían los puentes de entendimiento. Llama la atención la juventud de sus miembros, que les aportaba una común experiencia generacional y contribuiría a una fluida aproximación a las nuevas realidades. Aguirre tenía 32 años al asumir la presidencia y la edad media era de 37. Sólo tres consejeros superaban los 40. Juventud no quería decir, en aquellos años, inexperiencia política. Todos habían participado en la organización del País Vasco tras comenzar la guerra. Pese a las diferencias políticas, el grado de consenso fue muy alto y la colaboración un hecho real.

El reparto de competencias no significaba que cada consejero disfrutase de un poder compartimentado. Hubo autonomía departamental -y algunas disfunciones, al promulgarse a veces medidas contradictorias por las distintas consejerías-, pero se produjo el esfuerzo de establecer directrices comunes y de mantener una colaboración interdepartamental. De modo que cuando echó a andar la primera autonomía vasca primaron la colaboración y el esfuerzo común, entendiéndose la labor gubernamental como una tarea conjunta.

En las décadas posteriores, tanto la autonomía de 1936 como el desenvolvimiento de aquel Gobierno vasco fue identificándose paulatinamente con la gestión nacionalista. En cierto sentido, se convirtió en un símbolo de la trayectoria del nacionalismo en su lucha por el autogobierno vasco. Tal perspectiva, inexacta, constituye una simplificación. La cooperación decidida entre los partidos vascos que sostenían la democracia fue, quizás, la característica más notable en el funcionamiento del Gobierno vasco que se constituyó el 7 de octubre de 1936.

Manu Montero es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco.