Narbona anuncia en Barcelona que los fabricantes de pilas deberán financiar campañas en favor del reciclaje

Agencias

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó ayer un proyecto de decreto que obligará a los fabricantes de pilas a pagar las campañas de publicidad para promover su reciclaje; además, tendrán que financiar la correcta gestión de los residuos que generan. Narbona presentó esa iniciativa legislativa ayer en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en Barcelona, que ha reunido a los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas.

La medida tiene como objetivo mejorar las cifras de reciclaje de pilas usadas en España, de las que sólo se recogen "el 20% del total que se ponen en el mercado". Por ello, la ministra consideró que la ley debe obligar a la "implicación económica en las campañas de concienciación por parte de los fabricantes". Para que aumente el número de pilas usadas que se reciclan es necesario, según la ministra, "la existencia de los tratamientos y de las plantas adecuadas", y "que los ciudadanos sean conscientes y responsables de que tienen que depositar las pilas en determinados puntos". Por eso subrayó la necesidad de una campaña de sensibilización "para que los ciudadanos colaboren".

La ministra considera que el precio de la pila tiene que incorporar el precio de su tratamiento final. Y para ello es necesario que se "implique" toda la cadena productiva para garantizar que al final el tratamiento sea el adecuado, "sin efectos de carácter ambiental".

En opinión del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, esta medida supone una "palanca de apoyo importante" a la tarea que ya está realizando la Agencia de Residuos de Cataluña. No obstante, subrayó que se debe "armonizar" con las acciones autonómicas.

El encuentro de consejeros de Medio Ambiente también abordó el control de la contaminación del aire. Baltasar se refirió a la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y recordó que el Gobierno catalán declaró a más de 40 municipios, entre ellos la capital y toda el área metropolitana, zonas de especial protección ante su alarmante contaminación atmosférica. Estas áreas cuentan con un plan de reducción de la contaminación; pero, según Baltasar, falta "encontrar un encaje con respecto al marco competencial actual, sobre todo a raíz del desarrollo y la entrada en vigor del Estatuto". A la pregunta de si se restringirá el tráfico ante la contaminación atmosférica -algo que prevé la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera-, Narbona contestó que "los planes de movilidad sostenible tendrían que existir en todos los ayuntamientos que tengan una carga de tráfico considerable".

En principio, eso es precisamente lo que prevé la citada ley, cuyo borrador ordena controlar 14 contaminantes, cuyos efectos sobre la salud son muy variados y van desde el asma y la alergia a los problemas cardiovasculares.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 07 de octubre de 2006.

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