La Junta denunciará a los parcelistas por el asalto en Cultura

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Márquez, anunció ayer que la Administración autonómica pretende denunciar a los parcelistas que asaltaron el jueves la sede de la Consejería de Cultura en la ciudad. Se trata de unos 100 propietarios de viviendas ilegales, construidas en el entorno del complejo arqueológico de Medina Azahara, que pretendían que la delegada Mercedes Mudarra los recibiera. Los parcelistas consiguieron en el pleno municipal del jueves que IU y PP aprobaran una moción en la que se instaba a la Junta a desproteger parte del entorno de Medina Azahara para que sus viviendas puedan tener la opción a ser legalizadas en un futuro.

Márquez sostuvo ayer que el "ambiente de exaltación y euforia" que se vivió en el pleno al instarse a la reducción de la protección del complejo arqueológico "no fue precisamente el más propicio para dar lugar a una protesta pacífica".

Por su parte, Francisco Tejada, viceportavoz del gobierno municipal de IU, aseguró que la moción aprobada por el Ayuntamiento de Córdoba no significa que se actúe contra el patrimonio histórico. Tejada también lamentó que la Junta de Andalucía haya acusado a IU y PP de instar a los parcelistas a asaltar la delegación de la Consejería de Cultura. Según su razonamiento, lo que se aprobó en el pleno "no hace sino reconocer la realidad existente desde años en el entorno de Medina Azahara". Lo que persigue el Ayuntamiento de Rosa Aguilar es "que quienes habitan en esas viviendas lo puedan hacer en condiciones de salubridad, lo cual es lo justo", según Tejada.

Alcantarillado

El embrollo de las parcelaciones ilegales de Medina Azahara, unas 400 en total, tendrá un segundo episodio la próxima semana. El gobierno municipal ha anunciado su intención de aprobar un plan para dotar a la mayoría de estas casas ilegales de agua y alcantarillado. La Junta sostiene que impugnará esa medida, ya que la considera improcedente al estar las parcelas en una zona protegida. Si finalmente la Administración autonómica recurre por la vía contencioso-administrativa el plan municipal, será la segunda vez que impugne una decisión urbanística de IU. La Junta ha recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el plan municipal que regularizaba cuatro naves de 40.000 metros cuadrados que el empresario Rafael Gómez levantó sin licencias.

Mudarra afirmó que la dotación de agua y alcantarillado a las parcelaciones de Medina Azahara "sólo sirve para fomentar la ilegalidad y el incremento del ladrillo y el cemento en un entorno arqueológico único". Según su opinión, la situación que se da en Córdoba con las parcelaciones ilegales es "única en toda España".