Como Pilatos

Nunca a un juez se le ha acusado públicamente de manera tan clara y rotunda de prevaricar como se ha hecho con Garzón, a raíz de su decisión de aceptar inicialmente la competencia en el caso del informe sobre el uso de ácido bórico como sustancia explosiva y de imputar a sus autores por falsedad en documento oficial. Al juez Del Olmo, instructor del sumario sobre el 11-M, también se le tachó, entre otras descalificaciones, desde el PP y su entorno mediático, de ser un pelele en manos de la policía, lo que en román paladino quiere decir prevaricar, pero con Garzón se ha elevado el listón al acusarle nada menos que de fabricar artificiosamente el proceso para criminalizar a unos inocentes y satisfacer los intereses del Gobierno.

La virulencia y gravedad de tales imputaciones sólo se explican por la decepción que ha debido causar a sus acusadores que Garzón desbaratara sus planes, primero haciéndose judicialmente con el asunto, y después descubriendo el pastel que pretendían vender a la opinión pública presentando como víctimas de la falsificación a sus presuntos autores. Pero lo más escandaloso es la actitud de los vocales del Consejo General del Poder Judicial afines al PP que, en lugar de dar amparo y salir institucionalmente en defensa de un juez acusado pública y explícitamente de prevaricar, como querían el resto de los vocales, han optado por mirar hacia otro lado, limitándose a una piadosa llamada a "la prudencia" en la crítica de las resoluciones judiciales. No es lo mismo imputar un delito a un juez -fabricar un proceso al servicio del Gobierno- que hacerle una crítica, por acerba que sea.

Tampoco se tiene en pie el pretexto alegado por los vocales afines al PP para eludir su amparo a Garzón: la investigación sobre el trato dado por el juez a los peritos imputados por falsedad, que fue solicitada por su compañero José Luis Requero, bien conocido por su extremismo ideólogico y reputado por su comparación del matrimonio homosexual con "la unión entre un hombre y un animal". Más bien suena a excusa. La obligación del CGPJ es amparar, como ha hecho en otros casos, la independencia de los jueces. Y si alguien cree que ha vulnerado la ley en su actuación, tiene los caminos adecuados para denunciarlo, sin que la mera petición de investigación pueda convertirse en la acción que paraliza al CGPJ, y con mayor razón todavía cuando el denunciante es a la vez juez y parte en el órgano que debe resolverla en última instancia.

Están claros los propósitos obstruccionistas de José Luis Requero, que deja a la institución bloqueada desde su interior, con el natural regocijo de quienes han perpetrado el ataque al juez. Aunque lo que en realidad han pretendido los vocales afines al PP es obedecer las órdenes impartidas por los acusadores de Garzón por miedo a provocar su ira, y lo que es más grave, por compartir sus delirios conspirativos sobre el 11-M en detrimento de la instrucción judicial.