La junta de fiscales de Valencia apoya a Cabedo y rechaza los ataques del PP

La junta de fiscales de Valencia respaldó ayer en sesión extraordinaria y por unanimidad la gestión de Ricard Cabedo al frente de la institución y rechazó "las interferencias políticas en su actuación" y envió un mensaje a la Generalitat y al PP recordando que las decisiones de archivo por parte de la fiscalía no impiden a quien esté disconforme presentar denuncia ante un juzgado. Los fiscales de Valencia defendieron la legalidad e imparcialidad de las decisiones de Cabedo. La junta de ayer aprobó el nombramiento del fiscal Joaquín Baños como portavoz de la fiscalía de Valencia.

Fue el teniente fiscal, Miguel Ángel Altés, quien presidió la parte de la junta extraordinaria de fiscales de ayer por la tarde en la que se sometió a votación un comunicado de respuesta a las descalificaciones vertidas por el PP sobre las actuaciones de Ricard Cabedo al frente de la Fiscalía de Valencia y sobre el anuncio de constitución de una comisión de expertos que examinará las decisiones tomadas hasta ahora por el fiscal jefe. A pesar de la reducida asistencia física a la sesión, una escasa treintena de fiscales, "con el voto delegado se ha llegado a contar con el 98% de la plantilla", dijo Altés.

Por unanimidad, los fiscales de Valencia aprobaron un documento de cinco puntos en el que: se reitera el reconocimiento a la labor de Cabedo y se define como ajustada "a los principios de legalidad e imparcialidad"; se recuerda que la realización de actuaciones por parte de la fiscalía tiene por objeto averiguar hechos y responsabilizar de ellos a personas, por lo que cuando eso no es posible procede el archivo y en ocasiones ese archivo es previsible con sólo conocerse los hechos que se denuncian; se precisa que los fiscales despachan las diligencias de investigación por riguroso orden de reparto, actuando bajo los principios de legalidad e imparcialidad "con independencia de la afiliación política de los investigados"; se deja constancia de que "las interferencias políticas suponen una dificultad añadida que sólo puede redundar en el deterioro del servicio al ciudadano y de la imagen y el prestigio de la Administración de Justicia"; y se recuerda "el derecho que todo ciudadano tiene de reproducir su denuncia ante la autoridad judicial cuando discrepe de la decisión de archivo adoptada por la Fiscalía".

Altés añadió a la literalidad del comunicado que el PP y el Consell no habían ejercicio la crítica, "la justicia siempre deja a una mitad satisfecha y a otro no, y admitimos toda clase de crítica", sino que "ha sido un ataque, no sólo al fiscal jefe, sino a la institución".

Y precisó que a pesar de que el fiscal jefe podría modificar el orden de reparto y designar a un fiscal concreto para un caso, "no se ha hecho uso de esa potestad desde hace por lo menos 20 años en esta Fiscalía", afirmó.