Vizcaya defiende una subida del crédito fiscal a la compra de vivienda en el IRPF

La Diputación de Vizcaya quiere elevar el crédito fiscal a la compra de vivienda en el Impuesto de la Renta, cuya cifra ha quedado muy baja tras las continuas subidas del precio de los pisos. Vizcaya defiende mantener ese sistema, ideado en 1998 por el entonces vicelehendakari Juan José Ibarretxe, aunque topa con la oposición de Álava, que quiere suprimirlo y aplicar el sistema del territorio común. Las diputaciones, que deben definir la reforma del IRPF para fin de año, discuten cambios en los planes de pensiones y ahorro, que serían perjudiciales para sus titulares.

Las deducciones fiscales por vivienda, a las que se acogen la mayoría de los ciudadanos, son uno de los grandes asuntos de discusión de las tres haciendas vascas, que llevan ya seis meses preparando la nueva norma sobre los impuestos de Sociedades y de la Renta (IRPF). La mayor parte del texto que regulará el IRPF se encuentra ya elaborado, pero quedan pendientes varios aspectos principales, como las deducciones por vivienda o el tipo marginal.

En el primer caso, los debates se han centrado en cambiar el modelo específico vasco, distinto al vigente en el resto de España, donde se establece una deducción cada año del 15% de las cantidades destinadas a la compra de vivienda, con una aportación máxima anual de 9.015 euros. En Euskadi, funciona desde 1998 un sistema, ideado por el entonces vicelehendakari Juan José Ibarretxe, que, en teoría, resulta más progresista: existe un límite de deducción para toda la vida, con un crédito fiscal cifrado en 180.303 euros, una cantidad que sólo se puede utilizar para la compra de la primera vivienda. Si el piso adquirido cuesta más, no se puede deducir por encima de este límite.

Si el contribuyente compra un piso más barato, puede emplear en un futuro lo que le resta del crédito, por ejemplo si adquiriese un inmueble de un coste superior.

El problema de este sistema llegó con la continua subida del precio de las viviendas, que hace que las deducciones se queden en niveles cada vez más bajos. Además, dicho crédito se aplica por unidad familiar y las rupturas matrimoniales, también en aumento, lo complican. A ello se une la difícil gestión fiscal, con un control anual y de por vida de las cantidades que se gastan.

Pese a que parece que este sistema favorece menos a las rentas más altas, la eliminación del crédito fiscal ha estado en las discusiones de las tres haciendas durante estos meses. Álava ha sido la más proclive a establecer el mismo modelo del resto de España, mientras que altos cargos de la Hacienda guipuzcoana ya afirmaron públicamente este verano la necesidad de una reforma.

"Ha quedado obsoleto"

El Gobierno parece más dispuesto a mantenerlo y Vizcaya defiende un incremento del monto para acomodarlo a los precios actuales del mercado inmobiliario.

"Ha quedado obsoleto por la subida de los pisos. Hay que subirlo", ha reconocido en declaraciones a este diario el diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao. De todas formas, la negociación por esta deducción se halla asociada a las otras reformas pendientes, tanto en el Impuesto de Sociedades como en la Ley de Aportaciones, por lo que dependerá de los acuerdos en estas cuestiones. En el caso de la Ley de Aportaciones, que fija el reparto de recursos entre las distintas administraciones vascas, las diputaciones quieren recibir más fondos en detrimento del Ejecutivo.

La Diputación de Vizcaya recalca que las deducciones actuales por vivienda se mantendrán y sólo habrá "cambios técnicos" para simplificarlas. En cambio, la Hacienda vizcaína ha planteado variaciones en los planes de pensiones y de ahorros, que sí afectarían negativamente a sus titulares, aunque sin concretar si se aplicarán en las deducciones o en rescate de la cantidad aportada.

Las haciendas deben definir también el tipo marginal superior, el que afecta a los contribuyentes de rentas más elevadas, situado ahora en el 48% frente al 43% del territorio común.

Las instituciones vascas tienen tres meses para pactar la reforma del IRPF. El Gobierno central aprobó la suya en marzo pasado. Aunque las administraciones vascas rechazan oficialmente que haya seguidismo de las reformas del Ejecutivo nacional, la realidad señala que un cambio global en los impuestos obliga, pese a la plena capacidad normativa vasca, a adoptar en Euskadi cambios que vayan en una línea similar.