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Reportaje:

Cómo ayudar a Canarias

Vizcaya y Álava ven complicado seguir los pasos de Guipúzcoa y acoger a menores inmigrantes

En un gesto de humanidad, Guipúzcoa ha anunciado que acogerá a un grupo de los menores extranjeros que abarrotan actualmente los centros de internamiento de Canarias. Ha sido un impulso solidario el que le ha llevado a tomar esta decisión, porque ahora mismo la Diputación no sabe cómo ni dónde alojará a esas personas al hallarse todos sus recursos asistenciales al completo. Tanto Vizcaya como Álava, que comprenden el paso dado por la Diputación guipuzcoana, no se atreven a asumir el mismo compromiso porque no tienen medios para darles la atención que necesitan. "Es preferible decir que no a malatenderles", aduce un representante de la institución vizcaína.

La llamada de auxilio hecha por los gobiernos central y canario, que han pedido la colaboración del resto de comunidades para distribuir por la Península al medio millar de menores inmigrantes llegados en cayucos, recibirá una respuesta desde Euskadi en los próximos días. Es una incógnita lo que contestarán Vizcaya y Álava, aunque han repetido que no dan abasto con los menores a los que ya atienden.

La tutela de un niño supone un gasto de 30.000 euros al año para las arcas forales

La peor situación se vive en Vizcaya, que recibe un goteo continuo de adolescentes por el procedimiento ordinario que ha acabado por colapsar su red de asistencia. Sólo el pasado fin de semana se presentaron en esta provincia una veintena de menores extranjeros no acompañados, a los que la Diputación tiene que dar protección. Vizcaya es, después de Andalucía y Cataluña, el lugar donde mayor número de menores inmigrantes hay acogidos -alrededor de 260- en relación con su población. La situación comienza a ser insostenible en esta provincia, de ahí que su diputado general, José Luis Bilbao, haya propuesto que los menores acogidos sean "devueltos a sus padres" y "sólo en situaciones extremas en las que los técnicos detecten una situación de grave riesgo para el menor o una situación de desamparo deben ser acogidos en residencias", según manifestó el pasado jueves durante su intervención en el pleno de las Juntas Generales.

Vizcaya ha destinado ya este año siete millones de euros a este programa, lo que ha sido insuficiente para evitar que su red se encuentre "al borde del colapso", según Bilbao. Guipúzcoa también ha tenido que echar mano de recursos extraordinarios: este ejercicio gastará 4,5 millones, esto es, 2,3 millones más de lo presupuestado. Cada menor viene a suponer un gasto para las arcas forales de 30.000 euros al año aproximadamente.

Tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, donde es más acuciante la situación, la llegada de menores ha ido en aumento de forma notable. En 1998, la Diputación vizcaína sólo tenía bajo su tutela a cuatro menores en un centro. A la de Guipúzcoa le bastaba en 2003 con un centro con 18 plazas para cubrir toda la demanda.

La prueba de la mandíbula

Las diputaciones tutelan en este momento a casi 380 menores inmigrantes no acompañados -258 en Vizcaya, 97 en Guipúzcoa y 22 en Álava-. La gran mayoría de ellos son originarios de Marruecos, y el resto, de otros países africanos y del Este europeo. Llegan por su pie -se presentan en comisaría- y pasan de inmediato a estar tutelados por los servicios sociales.

Sin documentación en sus manos, los chavales se someten a la prueba de la muñeca o a una ortopantomografía (radigrafía panorámica de la mandíbula) para tratar de determinar su edad. La mayoría tiene entre 15 y 17 años. Desde su llegada, aseguran las diputaciones, los menores reciben alojamiento, alimentos, ropa, apoyo educativo y asistencia sanitaria y psicológica.

Los servicios sociales derivan a estos inmigrantes a alguno de los centros de su red asistencial. En Vizcaya son atendidos en una residencia de acogida, cuatro unidades asistenciales y varios pisos alquilados. Todos están al borde del colapso. Otro tanto ocurre en Guipúzcoa, que cuenta con dos centros de acogida de urgencia, en Urnieta y Tolosa, y una veintena de pisos. Como medida de emergencia, la institución foral ha tenido que recurrir a varias pensiones para dar cobijo a casi 40 de menores que no tienen cabida en su red asistencia. En Álava, los doce acogidos residen de forma provisional en un centro de la Cruz Roja. La Diputación alavesa no ha podido crear un centro propio ante el "rechazo social" suscitado en los dos municipios (Iruña de Oca y Ribera Alta) donde planteó ubicarlo.

Los técnicos que atienden a los menores distinguen entre quienes acuden con un proyecto migratorio y quienes provienen de ambientes de mendicidad. Los primeros, por lo general, tienen autonomía para desenvolverse por sí mismos y tratan de hallar un trabajo para ayudar a sus familias. En cambio, los que proceden de familias desestructuradas presentan carencias para relacionarse y, en algunos casos, presentan algún tipo de drogadicción.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 30 de septiembre de 2006

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