La falta de medios del Juzgado de Menores de Jerez impide la ejecución de sentencias

El magistrado y los fiscales el Juzgado de Menores número 3 de Cádiz con sede en Jerez denunciaron ayer que la falta de medios y de personal que padecen está haciendo "inútil" la Ley del Menor. Afirman que desde la creación de la nueva sede judicial, en diciembre de 2005, un alto porcentaje de sentencias "no se están cumpliendo por falta de recursos". "La Ley de Responsabilidad Penal del Menor es muy buena en términos generales, pero tiene un problema en su aplicación: la carencia de medios", señaló José Miguel Martínez, titular del juzgado.

El 70% de las resoluciones que dictan la denominada libertad vigilada para un joven o adolescente que ha delinquido no se han ejecutado "por falta de educadores". Según exponen los dos fiscales del juzgado y el magistrado, "actualmente sólo un educador se encarga en Jerez de seguir los pasos de 31 niños en su entorno escolar, familiar y social y, hoy por hoy, no puede absorber más trabajo".

Esta falta de profesionales hace que "de las 40 libertades vigiladas decretadas, sólo se hayan iniciado trece". Asimismo, Martínez señala que la precaria situación "conlleva el riesgo de que prescriban las medidas dictadas sin haberse cumplido". "Incluso ya se han dado casos de menores que vuelven a delinquir sin haberse ejecutado la sentencia impuesta por un delito anterior", añade. Además, el fiscal Juan Pedro Carrasco advierte otro problema: "Hay menor respeto a las resoluciones judiciales porque los chavales saben que no se van a cumplir".

La estadística es aún peor en relación a la prestación en servicio a la comunidad, una medida muy empleada por los magistrados para tratar de encauzar a los menores detenidos. En este caso, el 100% de las sentencias no se han aplicado en la sede judicial de Jerez. "Aún están pendientes de cumplimiento las 31 prestaciones establecidas", denuncia el magistrado Martínez, quien además explica que en la mayoría de los casos el problema radica en "la falta de un convenio entre La Junta, los Ayuntamientos y las ONG que determine qué trabajos pueden desempeñar los menores".

Por el contrario, ni la fiscalía ni el magistrado detectan anomalías en las órdenes que determinan el internamiento de los arrestados en centros.

No acaban aquí los problemas para este nuevo juzgado, que, tras nueve meses en funcionamiento, "no cuenta con el imprescindible equipo técnico, integrado por un psicólogo, un trabajador social y un educador, que evalúe las circunstancias familiares y escolares del menor y que asesore al fiscal en las medidas a adoptar en cada caso". "Seguimos dependiendo de un equipo provisional que viene tres veces por semana desde un juzgado de Cádiz", comenta el magistrado. Pocas esperanzas alberga el fiscal Carrasco, quien subraya que "no hay perspectiva de que se cree este equipo propio".