El Ejecutivo intenta recobrar impulso político aprobando a la vez cuatro planes sectoriales

El Gobierno cumplió ayer lo anunciado por el lehendakari en el pleno de política general del viernes pasado y aprobó cuatro planes sectoriales de actuación plurianual en su reunión semanal. Además, oficializó de nuevo en un acuerdo la reclamación de las competencias sobre prisiones y la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias para negociar su traspaso.

El Gabinete de Ibarretxe pareció estrenar ayer realmente el curso político con este despliegue de actuaciones, que vienen a tratar de acallar las recriminaciones de la oposición. Hacía muchos meses que no se registraba un Consejo de Gobierno tan cargado de asuntos. El Ejecutivo ha sido objeto de continuas críticas de inactividad por parte de PSE y PP, que le reprochan una escasa productividad en el año y medio transcurrido desde las elecciones de 2005. La oposición lo ha puesto en la picota por su debilidad, debido a que en la Cámara los grupos que lo apoyan no tienen mayoría absoluta, y por las diferencias internas que se han manifestado en negociaciones de proyectos de ley como el de Suelo. El secretario general del PSE-EE, Patxi López, llegó a decir en el pleno del viernes que Ibarretxe tiene a la oposición en su propio seno y le espetó que su Gobierno está "agotado", pese a que falten casi tres años para el final de su mandato.

Luz verde al plan terrirtorial que regulará el desarrollo del Bilbao metropolitano durante los próximos 16 años

Zenarruzabeitia pide que se reúna la Comisión Mixta de Transferencias para abordar el traspaso de las prisiones

El nuevo plan de apoyo a las familias destinará en cinco años 2.780 millones a ayudas por hijos y para la conciliación

En el debate de la semana pasada, el lehendakari realizó varios anuncios para el consejo de ayer, de los que se cayó el Plan de Vivienda, sin que se explicaran las causas ni en la propia Presidencia ni en el departamento que dirige Javier Madrazo. Éste es un proyecto que la oposición viene reclamando con insistencia y que había sido prometido para principios de año.

Los consejeros de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, y de Sanidad, Gabriel Inclán, acompañaron a la portavoz, Miren Azkarate, para explicar las actuaciones que competen a sus departamentos: el II Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias 2006-2010 y el de Cuidados Paliativos 2006-2009 respectivamente. El primero supondrá una inversión de 2.780 millones en sus cinco años de vigencia, mientras que el segundo dedicará 54 millones en tres años a atender a enfermos en la fase final de la vida y a sus familiares.

El Gobierno aprobó también el cuarto Plan de Igualdad entre hombres y mujeres, el primero elaborado tras la aprobación el año pasado de la Ley de Igualdad, que prevé 600 acciones de las administraciones públicas, y el Plan Estratégico de Gestión de Emergencias, con 12 millones de coste para sus cuatro años de duración.

Además, el consejo dio la luz verde definitiva al Plan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano, cuyo contenido será detallado hoy por la Diputación de Vizcaya y la consejera de Medio Ambiente.

Prisiones, pieza "esencial"

En el terreno de la reivindicación política al Gobierno central, el Ejecutivo solicitó la convocatoria "urgente" de la Comisión Mixta de Transferencias para proceder al traspaso de las competencias de administración penitenciaria. Es la tercera vez que el Gabinete de Ibarretxe las reclama. Antes lo hizo durante su primera legislatura, en febrero de 2001. La petición de ayer reitera otra realizada ya en este mismo mandato, en julio de 2005.

El acuerdo aprobado por el tripartito será comunicado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, por la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a quien se facultó para que trate de abrir el proceso negociador para la transferencias de las prisiones a la Administración autonómica. Recuerda el Ejecutivo que el Estatuto de Gernika contempla la competencia exclusiva de la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de la legislación en la materia.

La legitimidad de dicha reclamación estatutaria no ha sido nunca objeto de discusión, dice el texto, pero "jamás ha sido atendida por el Gobierno español", que sí ha realizado el traspaso a Cataluña. Esta circunstancia sería un indicador de que no existen impedimentos de orden jurídico o formal, "sino políticos", afirma el acuerdo.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, aseguró que la Administración autonómica está preparada para recibir y gestionar la transferencia y que la ejercerá con un "corte más humanista" que el Gobierno central. El acuerdo aprobado muestra la "voluntad y plena disposición" a la negociación por parte del Ejecutivo autónomo. Pero Azkarraga advirtió después de que "no asumirá parcheos", en respuesta a la pregunta de si el Gobierno aceptaría el traspaso en las mismas condiciones en que se hizo a a la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno basó este nuevo pronunciamiento y petición de negociación en su convencimiento de que el traspaso de esta competencia sería "una pieza esencial para el proceso de pacificación y normalización". El Gobierno central la retiene precisamente en el convencimiento y la argumentación de que la política penitenciaria, sobre la que es competente, constituye un elemento clave de la lucha contra el terrorismo.

Plan de emergencias

Por otra parte, el consejo sacó adelante el Plan Estratégico de Gestión de Emergencias 2006-2009, con el que quiere aumentar la eficacia del sistema actual. El plan contempla integrar los sistemas de información y comunicación de todos los recursos de emergencia y la creación de una Escuela Vasca de Protección Civil, aunque ésta no contará con sede ni instalaciones propias de ningún tipo.

A este plan se destinarán inversiones por 12 millones de euros y prevé la creación de grupos especiales de intervención para hacer frente a situaciones de emergencia extraordinarias y dar respuesta a catástrofes, tanto dentro de Euskadi como fuera de la comunidad. También se unificará la formación de los distintos cuerpos de bomberos y un comité técnico se ocupará de analizar las actuaciones habidas en el pasado y de revisar las tácticas operativas y los planes de emergencia vigentes actualmente.