México se plantea resolver por la fuerza el conflicto de Oaxaca

El Gobierno mexicano contempla el envío de la policía federal al Estado de Oaxaca, que padece una situación de total ingobernabilidad después de cuatro meses de un conflicto de origen laboral. El secretario (ministro) de Gobernación, Carlos Abascal, declaró el lunes por la noche que el Ejecutivo federal no descarta la vía policial para restablecer el orden en Oaxaca, en un aparente cambio de actitud del Gobierno de Vicente Fox.

Los portavoces del Gobierno habían rechazado hasta ahora el uso de la fuerza en territorio oaxaqueño. El gobernador del Estado, Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió en una reunión de gobernadores con Abascal la intervención de la Policía Federal Preventiva. El ministro aseguró que "el Estado hará lo que tenga que hacer", sin anticipar o descartar el uso de la fuerza, aunque reconoció que el diálogo no ha dado resultado y que el tiempo se acaba.

La llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se ha convertido en la práctica en la única autoridad de la capital del Estado, en un conflicto que comenzó con una huelga de maestros en demanda de mejoras salariales. La APPO, que agrupa a un conjunto de organizaciones sociales de diversa procedencia, ha rebasado las reivindicaciones de los enseñantes, y pretende constituirse como un embrión de gobierno popular. Plantea como exigencia irrenunciable la dimisión del gobernador. La exigencia no está en la mesa de negociación, subrayan Ruiz y el Ejecutivo federal, que no están dispuestos a sentar el precedente de un gobernante derrocado por una insurrección popular.

Ruiz no puede aparecer públicamente en su ciudad. Lo intentó el domingo y a punto estuvo de provocar un baño de sangre. Alertados de que el gobernador andaba por la calle, elementos de la APPO se lanzaron en su búsqueda. Irrumpieron en el hotel Camino Real, donde no localizaron a Ruiz, pero sí al líder del Congreso local, Bulmaro Rito Salinas, y al diputado Guillermo Zavaleta, que concedían una entrevista al popular periodista Ricardo Rocha. Pudieron refugiarse en una habitación ante la avalancha de los piquetes de la APPO, que, armados de palos y machetes, parecían dispuestos a todo. "O abres o tumbamos la puerta. Y te vamos a partir la madre", gritó uno de los tipos con la cabeza tapada al periodista. Fue una cuestión de minutos. De repente, se escucharon detonaciones y se produjeron escenas de gran nerviosismo en el hotel. Mientras los de la APPO corrían hacia la recepción, un grupo de policías rescató a los políticos, que fueron evacuados por atrás. En la calle hubo muchos disparos, efectuados por los agentes cuando fueron descubiertos por una columna de la APPO. "Salimos en medio de una lluvia de balazos. Si los ministeriales hubieran tardado más de 10 minutos en sacarnos, me quiebran", contó Rito Salinas al diario Reforma.

Justicia Popular

El episodio del domingo ilustra el deterioro de un conflicto que en cuatro meses ha convertido a Oaxaca en una ciudad sin ley, donde la APPO levanta barricadas, mantiene ocupadas varias emisoras de radio y se atribuye el derecho a impartir "justicia popular". Las brigadas de la APPO han "detenido" a funcionarios y presuntos delincuentes que, maniatados, son llevados a la plaza del Zócalo para escarnio público.

Ante la escalada del movimiento insurreccional, el Gobierno de Vicente Fox anuncia ahora que tomará cartas en el asunto, después de cuatro meses de esgrimir que el problema de Oaxaca era de los oaxaqueños. El problema es que la situación se ha degradado hasta tal punto que es poco viable una solución a gusto de todos. El Senado tiene la facultad de decretar la "desaparición de poderes" en Oaxaca. Pero esta opción implicaría la convocatoria de elecciones anticipadas, en las que ganaría, según todos los indicios, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Este partido fue el más votado en Oaxaca en los comicios del pasado 2 de julio, que dieron la victoria para la presidencia de la República al conservador Calderón. El resultado fue considerado un fraude por el candidato perredista Andrés Manuel López Obrador, que ha anunciado su intención de formar un Gobierno paralelo.