Rosa Aguilar rechaza reducir una sanción de 25 millones a Rafael Gómez

El Consistorio cordobés sancionará al empresario Rafal Gómez por construir cuatro naves de 40.000 metros cuadrados sin licencia a las afueras de la ciudad. El constructor, imputado en la operación Malaya, intentó recurrir la sanción de 25 millones de euros impuesta por el Ayuntamiento. La delegación de Urbanismo dijo ayer que se ha desestimado la alegación en la que se solicitaba una reducción de la multa o su retirada total.

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por Rosa Aguilar (IU), ha rechazado la alegación que presentó el constructor Rafael Gómez sobre la sanción que se le impuso por edificar sin licencia cuatro naves a las afueras de la ciudad. La multa es de unos 25 millones de euros y el empresario solicitaba que se archivara o que se rebajara a la mitad. Según dijo ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña (IU), la alegación se ha desestimado.

Las cuatro naves de unos 40.000 metros cuadrados que Gómez levantó sin permisos a las afueras de la ciudad han generado en Córdoba una gran polémica, que terminó en una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la gestión del área de Urbanismo y que se cerró sin conclusiones porque los grupos no consiguieron consensuar un texto.

Después de construirse las naves, el Ayuntamiento sancionó al empresario. Pero el Consistorio también aprobó un plan especial para legalizar la situación irregular de esas edificaciones. El plan fue aprobado gracias a los votos de Izquierda Unida y Partido Popular y con la disconformidad de la Junta de Andalucía. La Consejería de Obras Públicas anunció hace cinco meses que iba a interponer un recurso contencioso administrativo contra ese plan ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que hizo formalmente el pasado lunes.

Los técnicos de la Junta entendían que una modificación de la normativa municipal de ese calado no debía hacerse simplemente a través de un plan especial. Sostenían que se debía tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. EL TSJA será ahora el que decida. Para Ocaña, el problema entre la Junta y el Ayuntamiento cordobés nace solamente de "una discrepancia técnica".

Mientras, según indicó ayer Andrés Ocaña, la Policía Local de Córdoba está vigilando que no haya ningún tipo de actividad de venta en las naves de Rafael Gómez. La idea del constructor es crear allí un enorme almacén al por mayor de material de construcción y decoración.

El último informe de la Policía refleja que no se está llevando a cabo ninguna actividad, según afirmó ayer Ocaña, si bien apuntó que en el edificio anejo, sede de la constructora Arenal 2000, se funciona con normalidad.