En el limbo

Realizando el trámite para la obtención del NIE (el DNI de los extranjeros) de mi mujer, de nacionalidad bielorrusa, nos enteramos de que el hijo de ella de 12 años habido en anterior matrimonio, no puede obtener su tarjeta porque falta el documento de custodia de la madre.

La embajada española en Moscú (en Bielorrusia no hay) nunca nos informó de que era necesario, tan sólo exigió un documento notarial por el cual el padre autorizaba la salida de su hijo del país para vivir en España, pero esa declaración, legalizada por el Ministerio de Justicia de Bielorrusia, no sirve ahora.

Pensaba que una embajada también era un organismo del Estado, y no cabe que una parte del Estado pida una cosa y otra parte pida otra: eso es una arbitrariedad que deja al ciudadano indefenso, al albur de los caprichos de cada institución. Hacer lo que nos exige la Oficina de Extranjería supondría que mi esposa tendría que viajar a Bielorrusia (800 euros de media el viaje), solicitar junto con el padre de su hijo que el Tribunal establezca esa custodia, no recogida en la sentencia de divorcio, y esperar tal vez medio año para obtenerla.

Como el dinero no sobra, tendría que permanecer allí todo ese tiempo, pues ir y venir de Bielorrusia, a 5.000 kilómetros de distancia, no es algo tan sencillo. Supondría además que el niño se vería privado de la madre durante todo ese tiempo, y la madre estaría sin su hijo igualmente, una crueldad por partida doble y un revés para nuestra vida familiar que a nadie conmueve.

El rigorismo leguleyo del Estado español, ayuno del más mínimo gesto de generosidad, nos obliga a que el niño entre en una suerte de limbo legal, desprovisto de los derechos que acarrea la posesión del NIE, como acceder a la ciudadanía española en su momento, o poder salir del país a medio plazo para visitar a sus familiares, y se me antoja vergonzoso que nos veamos abocados a entrar poco menos que en la clandestinidad cuando siempre hemos respetado todos los trámites y procedimientos para hacer posible el reagrupamiento familiar.

En otras palabras, parece que hacer las cosas por lo legal es más gravoso y difícil que llegar ilegalmente por tierra, mar o aire, pues tarde o temprano los irregulares son legalizados -nada menos que medio millón hace dos años-. Me gustaría que al hijo de mi mujer, que ha entrado legalmente en España y está convenientemente escolarizado, se le tratara igual que a los menores subsaharianos que llegan por centenares, pues ellos tarde o temprano obtendrán la ciudadanía con cero documentos presentados. Qué injusto puede ser este país. Qué triste, también.