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Bruselas lanzará un duro aviso a España para que no pare la OPA de E.ON

La Comisión Europea quiere que el Gobierno rectifique y de momento no baraja sanciones

Andreu Missé

La Comisión Europea exigirá mañana a España que suavice y rebaje las 19 condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al gigante alemán E.ON para la compra de Endesa, en una operación de 26.900 millones de euros. Estas estrictas condiciones iniciales, establecidas para asegurar el suministro eléctrico, que obligaban a E.ON a desprenderse de un 32% de los activos y de la gestión de las centrales nucleares, fueron calificadas de "ilegales" por la comisaria de Competencia Neelie Kroes. Por el momento, Bruselas no contempla imponer sanciones.

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España contestó a Bruselas a mediados de septiembre con un extenso escrito en el que se mostraba dispuesto a suavizar las condiciones fijadas a la OPA. Pese a ello, en la probablemente dura resolución que el Colegio de Comisarios acordará mañana en su reunión de Estrasburgo, Bruselas insistirá en que la propuesta de rebajar las condiciones fijadas por la CNE es muy insuficiente y siguen siendo un obstáculo a la libre circulación de capitales y a la libertad de empresa. La Comisión no tiene intención de imponer sanciones y probablemente concederá un nuevo plazo a las autoridades españolas para que redacten unas nuevas condiciones.

Para Bruselas son excesivamente genéricas las rebajas ofrecidas por España en su escrito aclaratorio del pasado 13 de septiembre. En dicho escrito, el Gobierno se mostraba dispuesto a revisar la operación con "otras alternativas diferentes de las expuestas por la CNE que de forma más proporcionada permitan hacer frente a los riesgos descritos sin obligar a desinvertir activos".

Ventas obligadas

En relación con las ventas obligatorias que debería efectuar E.ON, la CNE se refería explícitamente a la central nuclear de Ascó I, los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y las centrales de Compostilla, el complejo minero de Teruel y la participación en Anllares. En total, estas ventas reducirían la potencia instalada de Endesa en 7.600 Megawatios. La CNE también exigía a E.ON el mantenimiento de Endesa como sociedad matriz durante 10 años.

Muchos de los argumentos de las autoridades españolas se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y la normativa del Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Alemania. Este departamento autorizó en 2002 la concentración de E.ON con la compañía alemana gasista Rurhgas, en contra de la decisión de las autoridades de competencia alemanas.

Sin embargo, en esta operación sobre Endesa, los comisarios Kroes (Competencia) y McCreevy (Mercado Interior) se han mostrado muy celosos de sus competencias sobre esta fusión, que aprobaron sin condiciones el pasado 25 de abril después de considerar que era una la operación de dimensión comunitaria que no suponía ninguna limitación para la competencia.

En Bruselas existe la convicción que el Gobierno español ha actuado con poco conocimiento de los tiempos procesales y del reparto de competencias, además de poco unido. El decreto español que amplió las competencias de la CNE, tras conocerse la OPA de E.ON y el subsiguiente establecimiento de las 19 condiciones, en aras a la seguridad energética, siempre se interpretaron en medios comunitarios como una limitación de la competencia y sobre todo, como una injerencia en un ámbito que había quedado claro que era competencia de Bruselas.

Un reflejo de este malestar ya se puso de manifiesto el pasado 31 de julio, cuando Bruselas recriminó a España por haber establecido unas condiciones sin informar previamente a la Comisión.

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