Las haciendas aumentan su presión judicial tras el fallo del 'caso Azores'

Las tres haciendas forales han multiplicado sus iniciativas ante los tribunales que llevan pleitos sobre sus normas fiscales, tras la sentencia dictada el pasado día 6 por el Tribunal de la Unión Europea sobre el llamado caso Azores. Las diputaciones consideran que la doctrina contenida en el fallo de la Corte de Luxemburgo -acepta la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, una región tenga unos tipos impositivos inferiores a los del Estado al que pertenece- zanja en favor de sus tesis las impugnaciones contra el Impuesto de Sociedades vasco. Por ello, en los últimos días, las tres diputaciones y otras entidades interesadas en la cuestión han acudido a las distintas instancias judiciales para solicitar que incorporen directamente la doctrina del Tribunal de la UE a las causas pendientes.

La Diputación de Guipúzcoa se sumó ayer a la petición formulada por las de Vizcaya y Álava a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior para que levante la suspensión cautelar que pesa desde mayo sobre el tipo de dicho impuesto aprobado para el presente ejercicio. La Sala adoptó esta medida a petición del Gobierno de Castilla y León, al estimar que el nuevo gravamen aprobado (el 32,6%) es sustancialmente idéntico al anterior (el 32,5%, dos puntos y medio inferior al del resto de España), que fue anulado en 2004 por el Tribunal Supremo por considerarlo ayuda de Estado según la legislación de la UE. También la Cámara de Comercio de Bilbao, personada en la causa, ha solicitado que se revoque la suspensión.

Medidas cautelares

Fuentes judiciales han expresado su sorpresa por estas iniciativas, que valoran más como gestos políticos para influir en los magistrados que como acciones jurídicas fundamentadas. Apuntaron en este sentido que, aunque la doctrina del Tribunal de Luxemburgo pudiera ser de aplicación en el futuro a los litigios sobre normas fiscales vascas, no cabe su traslación automática a unas medidas cautelares como las dictadas sobre el tipo de Sociedades, pues proceden de la dinámica anterior. "Sus servicios jurídicos [de las diputaciones] deberían saber esto, que es elemental", dijeron dichas fuentes.

La Diputación de Vizcaya ha ido más allá y ayer presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional, al que traslada "las consecuencias que se derivan de la sentencia del asunto Azores" y solicita que, en aplicación de su doctrina, estime el recurso de amparo que interpuso en febrero de 2005 contra la sentencia del Supremo. Las otras diputaciones también han recurrido al Constitucional en amparo, una vía en la que se evalúa fundamentalmente si se han respetado los procedimientos y garantías del proceso, y no tanto el contenido de lo juzgado.

Por el contrario, la sentencia del caso Azores sí puede influir en la decisión que adopte próximamente el Tribunal Superior de presentar o no una consulta al Tribunal de Luxemburgo para que se pronuncie sobre la compatibilidad del régimen tributario vasco con la legislación europea.