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Llamazares pide que los agentes de la CIA sean citados en la Audiencia Nacional

Carlos E. Cué

Izquierda Unida, una fuerza que ha mantenido viva en solitario la polémica por los vuelos de la CIA con escala en España que, presuntamente, pudieron ser utilizados para trasladar a prisioneros a cárceles ilegales, trató ayer de poner en un compromiso al Gobierno español con este asunto. Gaspar Llamazares, líder de la federación, introdujo una serie de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados entre la que destacan las siguientes: "¿Va a pedir el Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, que los 13 presuntos agentes de la CIA anteriormente mencionados sean citados a declarar ante la Audiencia Nacional que investiga el caso?" y "¿va a pedir el Gobierno español al de Estados Unidos que dé información completa y fehaciente sobre estos individuos y las actividades delictivas de la CIA en territorio español en el marco de su red de secuestros y traslados de personas a países donde se practica la tortura?".

La versión oficial del Gobierno es que éste no tiene constancia de que se haya cometido ningún delito en territorio español. De hecho, el Ejecutivo va aún más allá. En la última comparecencia ante la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Sáiz, ni siquiera asumió que en esos aviones viajaran agentes de la CIA.

Indignación

Para sorpresa e indignación de la mayoría de los grupos parlamentarios, Sáiz señaló que los nombres que aparecen en un informe de la Guardia Civil de 10 de junio de 2005 no están entre las personas que los servicios secretos españoles tienen registrados como agentes de Estados Unidos, según varios de los presentes en esa comparecencia.

La versión oficial del Ejecutivo siempre ha ido muy por detrás de las investigaciones del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y ahora, como publicaba ayer EL PAÍS, de una comisión parlamentaria alemana, que reclama la detención de los 13 agentes identificados por la Guardia Civil en Mallorca, donde pernoctaron el 22 de enero de 2004 al realizar su avión, procedente de Argel, una escala antes de viajar a Macedonia, donde supuestamente secuestraron al ciudadano alemán Jaled El Masri, para trasladarlo a Kabul (Afganistán), donde fue torturado.

Llamazares, indignado con lo pacato de esa versión oficial, señala que "de ser ciertas las informaciones [de la comisión alemana] se abre una línea de investigación que podría desembocar en la imputación de alguno o de todos los tripulantes del mencionado avión, que habrían utilizado un aeropuerto español y nuestro espacio aéreo como elementos necesarios para la comisión del delito de secuestro y traslado de Jaled El Masri desde Skopje [Macedonia] a Kabul".

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