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AENA eleva a 19 años su petición de pena contra el ex director del aeropuerto de Bilbao

La acusación estima que cometió un fraude de 521.000 euros sólo en obras no ejecutadas

AENA, el ente estatal que gestiona los aeropuertos, ha elevado a 19 años de prisión la petición de condena para Segismundo López-Santacruz, el ex director del aeródromo de Bilbao, por presuntos delitos en su gestión entre 1997 y 2001. El fiscal ha solicitado diez años. AENA señala que se lucró "económicamente con cargo a los recursos públicos" y certificó obras no realizadas en el aeropuerto por al menos 521.000 euros. Su escrito de acusación señala cuatro delitos diferentes y pide también nueve años de cárcel para la esposa López-Santacruz, Laura Hernández.

Tras el pronunciamiento de las dos acusaciones, sólo resta el escrito de la defensa de López-Santacruz para que se dé el paso a la fijación del juicio oral, que se celebrará con jurado probablemente a lo largo del próximo año. Las diligencias judiciales se han prolongado durante cinco años y han pasado por las manos de hasta seis instructores, lo que ha demorado el enjuiciamiento del caso.

El ente estatal que gestiona los aeropuertos coincide en gran parte con la exposición realizada por la Fiscalía del Tribunal Superior vasco, que también acusa a López-Santacruz de los delitos de falsificación de documento oficial, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho.

La principal imputación de la acusación ejercida por AENA contra el ex director y su esposa, implicada por colaboración, son las irregularidades en las contrataciones de obras en esa época, cuando se acometió la ampliación del aeropuerto con la construcción de la nueva terminal en Loiu. AENA cita hasta 17 anomalías en las contrataciones para "lograr un beneficio económico propio". Entre ellas, manipulación de los expedientes, fijación de precios no competitivos, falta de concurrencia en las contrataciones, adjudicación de explotaciones comerciales a empresas sin requisitos, redacción de proyectos por importes "desorbitadamente superiores" a los del mercado o liquidación de obras con defectos de ejecución.

Director de obra

El organismo público cifra en más de 234.000 euros el perjuicio "de estos fraudes". Agrega que López-Santacruz "se autoatribuyó" la condición de director técnico de obra en numerosos expedientes, con lo que "certificó en falso y autorizó el pago" de estos trabajos, "pese a tener pleno conocimiento de que no se habían realizado". Se refiere AENA a al menos 17 expedientes, que suponen un perjuicio de más de 520.000 euros.

Además de las obras del aeropuerto, se le imputa la operación del arrendamiento por su madre del piso que le proporcionó AENA. Según la acusación, el ex director el nombre de la arrendadora y utilizó el importe del alquiler, "que le abonaba el ente publico en concepto de retribución en especie", para pagar las hipotecas de dos viviendas adquiridas en Getxo. También pasó a AENA los gastos de electricidad, teléfono y el alquiler de un garaje por importe de más de 24.000 euros, que fueron abonados por López-Santacruz cuando se conocieron las irregularidades.

La acusación recuerda que los dos imputados se han negado a depositar una fianza de 481.000 euros exigida por el juzgado de Bilbao encargado del caso, pese a que las investigaciones policiales han comprobado que vendió su piso de Getxo por 1,3 millones de euros en junio de 2004. Tres días después aparece la inscripción registral de un chalet a nombre de sus hijos en la localidad sevillana de Bormujos. Un juzgado de Getxo ha abierto otra investigación por alzamiento de bienes a causa de este hecho.

AENA expone en su escrito que, siete meses después del despido de López-Santacruz, los dos imputados y un hijo constituyeron una sociedad dedicada a actividades relacionadas con aeropuertos. Esta firma adquirió un coche Mercedes por 43.200 euros, a pesar de que la empresa, sin apenas actividad, "presentó un balance negativo con pérdidas". AENA estima que el ex director ha cometido cuatro delitos continuados de falsedad en documentación oficial, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho, los mismos que le imputa a su esposa, salvo el de fraude. Pide 19 años de prisión para López-Santacruz y nueve a Laura Hernández. Además, reclama el pago a cada uno de una multa de 700.000 euros y una indemnización conjunta a AENA de más de 1,1 millón de euros.

La acusación particular solicita la declaración de una treintena de testigos, entre ellos varios directivos del aeropuerto que fueron apartados de sus cargos por este caso, empleados del aeródromo y los dueños de las constructoras que lograron la mayoría de las obras.

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