Las compañías estatales entran en juego

El proyecto Sakhalin II se desarrolla en Rusia en el marco de la denominada Ley de Producción Compartida, una fórmula utilizada para atraer inversiones extranjeras. Básicamente, consiste en que el Estado no percibe todos los impuestos que debería de las compañías inversoras hasta que recuperan el coste del proyecto que desarrollan.

Por ello, por ejemplo, Sakhalin Energy no ha tenido ningún inconveniente en duplicar la evaluación de los gastos de su proyecto. En el caso de Sakhalin II, antes de la recuperación de costes, el Estado obtendrá aproximadamente 23,6 millones de euros; después de ello, las entradas del Gobierno se dispararán a 1.577 millones anuales.

La Ley de Producción Compartida convenía a Rusia en sus años de vacas flacas. Pero ahora, cuando las arcas del Estado están repletas y el Gobierno no sabe qué hacer con tanto dinero por la venta de sus hidrocarburos, ya no tiene necesidad de ella. German Greff, el ministro de Economía, lo dijo claramente ayer en San Petersburgo: el régimen de producción compartida ya "no tiene gran futuro para la explotación de nuevos yacimientos en las actuales condiciones". Las recurrentes amenazas del Ministerio de Recursos Naturales y las presiones que se ejercen sobre las compañías extranjeras indican que Rusia desea terminar con la producción compartida. Además, las actuales presiones y amenazas se enmarcan en la política general del Kremlin de controlar los recursos energéticos del país. Lo que el Gobierno ahora quiere es que no haya ningún proyecto exitoso en el que no participen las empresas del Estado.