El fiscal general afirma que la esperanza de que acabe ETA no afectará a la aplicación de la ley

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, subrayó ayer, en la solemne apertura del año judicial, que el final de la lucha contra el terrorismo "sólo podrá ser la derrota de los criminales" y pidió "cautela, paciencia y prudencia" tras la declaración de alto el fuego de ETA. Según Conde-Pumpido, la esperanza en un final definitivo no afectará a la aplicación de la ley, como lo demuestran las 345 condenas de terroristas conseguidas por el fiscal desde 2004.

En la solemne ceremonia presidida por el rey Juan Carlos pronunció su último discurso de apertura de los Tribunales el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, cuyo mandato concluye en noviembre. Al acto asistieron el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar; la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas; vocales del Poder Judicial, y magistrados y fiscales del Tribunal Constitucional y del Supremo.

Conde-Pumpido significó que a las 345 condenas por actividades terroristas desde 2004 se suman 53 escritos de acusación contra otros 128 imputados. "Repito: con toda la esperanza depositada en la paz, ni dudas ni vacilaciones en la persecución del crimen".

Respecto a los "terribles atentados" del 11-M, el fiscal del Estado aseguró que los fiscales del 11-M han cuidado muy especialmente de que los derechos de todas las víctimas estén plenamente asegurados y representados en el proceso. Según los datos de la Memoria de 2005, que elevó ayer al Gobierno, en el año de referencia fueron detenidos un total de 131 presuntos terroristas islamistas y se desarticularon dos células del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y una del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Recordó también que la causa dirigida contra miembros de Al Qaeda en España ha culminado en 2006 con la confirmación por el Tribunal Supremo de la condena de 15 personas.

Conde-Pumpido destacó después el trabajo de las fiscalías especiales que se han ido creando en los últimos años, entre ellas, las de Medio Ambiente y Urbanismo y Siniestralidad Laboral y avanzó la creación de dos nuevas fiscalías de Sala, especializadas en Extranjería y Seguridad Vial. Explicó después que este año se cumple el 25 aniversario del Estatuto del Ministerio Fiscal en plena andadura de su proyecto de reforma, que regulará la participación del Parlamento en el nombramiento del fiscal y limitará temporalmente su mandato, que además estará sujeto a causas tasadas de cese.

En el obligado análisis de las cifras de criminalidad, el fiscal dijo que 2005 se ha caracterizado por un ligero aumento en el volumen de incoación de diligencias previas, que alcanzaron la cifra de 4.096.277, con un incremento del 3,54% respecto de 2004.

Como contrapunto, los delitos de violencia habitual intrafamiliar o de género ofrecieron un leve descenso en el número de diligencias incoadas, "reflejo posiblemente de un efecto corrector por el extraordinario aumento de incoaciones de 2004, como consecuencia de las importantes reformas legislativas que agravaron el tratamiento penal de estas conductas".

Ética judicial

Por su parte, el presidente del CGPJ y del Poder Judicial, Francisco Hernando, recordó que en su discurso de hace cinco años ya advirtió "del formidable impacto que el efecto inmigratorio iba a tener en nuestra sociedad", y abogó por la necesidad de alcanzar "el máximo acuerdo posible" tanto entre los partidos como en el seno de la UE. Hernando afirmó en su discurso ante el Rey y el ministro de Justicia que el efecto de la desaparición de las fronteras interiores ha contribuido a que el problema de la inmigración sea cada vez "una preocupación" y sea objeto de políticas comunes en la UE.

El presidente del Supremo indicó que en 2005 se registraron un total de 7.728.699 asuntos, 275.955 más que el año anterior. Los procedimientos en materia de extranjería se incrementaron un 80% respecto al mismo periodo de 2005.

Hernando centró su último discurso en sus Reflexiones sobre ética judicial, en el que aseguró que la Ley y el Derecho son realidades impregnadas de una clara componente ética. Analizó la actuación de los jueces "que puedan estar en el brete de tener que aplicar una norma positiva eventualmente disconforme a la moral" y se pronunció por que "el primer deber ético del juez será sujetarse férreamente a la ley".

Entre las "virtudes morales" que debe tener el juez mencionó las virtudes cardinales de la "prudencia" al redactar sentencias; la "fortaleza" para hacer frente a situaciones de riesgo personal o iniciar acciones contra grupos delictivos poderosos y la "templanza", como acepción e "serenidad de juicio". A estas virtudes añadió "la sensibilidad, la humanidad, la capacidad de comprensión y la profesionalidad".

[Fuentes de la Físcalía General del Estado rechazaron anoche que el portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, criticase duramente "una propuesta del fiscal general del Estado" para eliminar el requisito de haber cumplido la mitad de la pena para acceder al tercer grado penitenciario. Astarloa preguntó si Conde-Pumpido lo que hace es "trasladar al mundo de ETA que sus presos van a salir a la calle inmediatamente".

La citadas fuentes explicaron que la propuesta está entresacada de la página 652, epígrafe j) de la Memoria de la fiscalía correspondiente a 2005, y no es del fiscal del Estado, sino una más de un capítulo que recoge propuestas legislativas de distintos fiscales jefes. Además, es de orden técnico y no menciona para nada a ETA.]