El fiscal responde

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aprovechó el acto de apertura del nuevo año judicial para rebatir con datos las acusaciones de pasividad frente al terrorismo de ETA lanzadas desde el momento en que el Gobierno planteó la posibilidad de un final pactado de la violencia etarra. Que el ministerio público no ha estado quieto, aunque pueda discreparse de algunas de sus iniciativas, es lo que se deduce de las 305 condenas a terroristas dictadas a petición suya en 2005, más otras 38 en los seis primeros meses de este año, y de los 53 escritos de acusación presentados en el mismo tiempo contra 128 imputados por delitos de terrorismo. Otra cosa es que estos datos convenzan a los sectores que formulan las acusaciones, en gran medida los mismos que ponen en entredicho la independencia y la capacidad del sistema judicial para investigar los atentados terroristas del 11-M.

Conde-Pumpido ha querido aprovechar este acto de máxima relevancia institucional, con asistencia del Rey, para reivindicar la actuación del ministerio público en defensa de la ley y del Estado de derecho frente al terrorismo. Se hace más llamativo, por ello, el silencio del presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco José Hernando, frente al cuestionamiento de la acción de la justicia en la investigación del 11-M. Unas palabras suyas sobre la cuestión habrían sido muy oportunas para reforzar la confianza social en la justicia y para amparar al juez instructor del 11-M frente al acoso inmisericorde al que se le está sometiendo en su quehacer jurisdiccional. Como han sido oportunas y justas las palabras de Hernando en defensa de los jueces de la Audiencia Nacional amenazados e insultados en juicios a terroristas de ETA.

Estos problemas de la justicia, por graves que sean, son coyunturales. Algunos durarán el tiempo que convenga a los intereses de quienes los alimentan. El problema de fondo es cómo evitar que el gigantesco atasco de más de dos millones de asuntos pendientes no se acreciente aún más al finalizar el año. Hernando se refirió a ello al constatar la impotencia de juzgados y tribunales para alcanzar "la cota irrenunciable" de resolver los asuntos ingresados en el año. No es un problema de imagen, sino de ineficacia, y que afecta directamente a los intereses y derechos ciudadanos. Abordarlo con seriedad y medidas idóneas -Hernando apuntó a "una reordenación científica" de la planta judicial a la sociedad- debería ser el objetivo prioritario de la política judicial de todo Gobierno y de cualquier Consejo del Poder Judicial.