El sumario de la Operación Malaya

Cientos de grabaciones destapan la masiva corrupción en torno al Ayuntamiento de Marbella

La investigación judicial que ha destapado la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella se basó en cientos de grabaciones de conversaciones telefónicas y de citas privadas de los principales implicados en una generalizada actividad delictiva basada en el pago por empresarios de importantes cantidades de dinero a concejales a cambio de distintos contratos municipales.

El juez Miguel Ángel Torres levantó el pasado viernes parcialmente el secreto de sumario. En los 10 tomos que tienen ya los abogados de los acusados se pueden leer cientos de transcripciones de conversaciones trascendentales entre concejales marbellíes (entre ellos, la alcaldesa y la primera teniente de alcalde) y algunos empresarios con intereses en el municipio. Las grabaciones prueban que muchos de los miembros del gobierno municipal de Marbella cobraban dinero a cambio de adjudicar contratos y servicios municipales a determinados empresarios.

Las primeras detenciones se produjeron después de tres meses de intensos pinchazos telefónicos a los implicados
El ex asesor Juan Antonio Roca pidió tres millones de euros a un contratista municipal tras arreglarle un contrato
"Primero hay que dejar bien lo de la grúa y luego coger el dinero, porque esto se acaba", le dice un edil a un empresario

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El origen de la investigación fue una denuncia del jefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Marbella que motivó una serie de intervenciones telefónicas ordenadas por el juez.

En las primeras escuchas, la policía destapó uno de los numerosos negocios ilícitos que se fraguaban en el Ayuntamiento y que, según informó en su día el Ministerio del Interior, podrían haber permitido a Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo de Marbella, amasar un patrimonio de 2.400 millones de euros fruto de sus actividades irregulares.

El negocio irregular que se descubrió con los primeros pinchazos telefónicos tenía que ver con la adjudicación del servicio de la grúa en el Ayuntamiento de Marbella. El empresario Ismael Pérez Peña presionaba al concejal Victoriano Rodríguez para que le arreglasen el concurso, con la amenaza de hablar en televisión, a cambio de "25 millones de pesetas", de los supuestos negocios oscuros de los concejales y contar que había dado dos coches a la alcaldesa, Marisol Yagüe.

El concejal Victoriano Rodríguez le tranquiliza el 3 de enero de 2006:

Ismael. (...) Pero es que voy a bajar y yo estoy que me tiro por las paredes, no sé ni qué hacer con ello.

Victoriano. (...) Primero hay que dejar bien lo de la grúa y después coger el dinero. Porque esto se acaba, Ismael.

Ismael. No, no, ya lo sé.

Victoriano. Te lo digo yo que están muy mal las cosas.

Ismael. ¿De la noche a la mañana?

Las cosas se empiezan a arreglar y, según las conversaciones telefónicas, se amaña un pliego de condiciones con el propio empresario con las tarifas más altas de toda España, similares a las de Madrid, para que gane más dinero.

El asesor Juan Antonio Roca, el primer poder en el Ayuntamiento según la investigación judicial, se reúne el 26 de enero con el empresario de las grúas en el hotel Villamagna de Madrid y le tranquiliza. En esa cita, Roca pide dinero al empresario:

Roca. Tú te acuerdas que te dije que yo tenía que pagar 500 millones [de pesetas]. Qué me puedes dejar de eso con un documento del que yo soy el garante...

Ismael. (...) ¿Te dejo 300 y vale?

Roca. ¿Y no me puedes dejar 200 de a?

Ismael. De a no, yo de a no. De b, lo que tú quieras. Pues yo si de momento te dejo 350 de bocadillo, te apañas con eso.

Roca. Hombre, a mí me haría falta lo otro, pero con eso me apaño. Eso mejor que nada... mañana te mando a alguien a la hora que tú me digas.

Dicho y hecho. Roca envió a un testaferro a recoger el dinero y la policía abortó la operación. En las grabaciones aparecen conversaciones de los principales gobernantes de Marbella intentando arreglar el contrato de Ismael Pérez y reclamando, cada uno para sí, el pago por esos servicios.

En marzo de 2006, tras más de tres meses de grabaciones, el juez ordenó las primeras detenciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de septiembre de 2006.

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