Carlos Carretero reconoce que cobró hasta 24.000 euros por gestionar pensiones de invalidez

Carlos Carretero, el principal sospechoso de la operación Karlos contra el fraude a la Seguridad Social, reconoció ayer que llegó a cobrar hasta 24.000 euros por ayudar a gestionar una baja laboral por incapacidad. "Puede parecer un mundo pero, para alguien que tiene dinero y quiere quitarse de estar en organismos y gestorías, le parece bien y paga voluntariamente", aseguró ayer a los periodistas tras declarar ante el juez. Carretero negó ser el líder de ninguna trama ilegal y sólo reconoció haber ayudado a tramitar seis pensiones a personas que, además, eran conocidas suyas.

Carretero, quien fuera jefe de la policía local de Ubrique, compareció en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz durante apenas 45 minutos. Sólo respondió a las preguntas de su abogado para reafirmar su inocencia frente a la investigación que le llevó a la cárcel. Las pesquisas de la Guardia Civil le habían señalado como el principal sospechoso de liderar una trama que concedía pensiones de invalidez ilegales basadas en informes médicos falsos a cambio de dinero.

Ante el juez y después ante los periodistas, el acusado negó haber encabezado esta red por carecer de contactos para ello. Explicó que para conseguir una pensión de invalidez es necesario pasar por: el examen de un médico de atención primaria; el análisis de la Unidad de Valoración de Incapacidades (UNVI), dependiente de la Junta; la supervisión del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI) y la aprobación de un tribunal médico con siete miembros. "Cómo voy a poder organizar una trama si, de los cuatro escalones que hay que pasar para obtener pensiones de invalidez, sólo conozco al inspector de la UNVI, Francisco Casto", detalló. "No conozco a ningún inspector más, ni a ningún médico ni miembro de ningún tribunal", insistió.

Lo que sí reconoció Carretero es haber ayudado a tramitar bajas laborales y pensiones. Según explicó, lo hizo desde su oficina, una inmobiliaria, en la que se dedicaba también a gestionar préstamos, hipotecas o subvenciones, a su entender, de una manera completamente legal. "Hay gente que quiere quitarse de estar todo el día en organismos y gestorías", justificó. En esa labor dice que sólo atendió seis peticiones de conocidos suyos, entre los que citó, a Remedios Torres, suegra del torero Jesulín de Ubrique, o al dueño de una cadena nacional de supermercados. A pesar de asegurar que mantenía una amistad con ellos, admitió que les cobró por estos trámites entre 9.000 y 24.000 euros. Las cantidades variaban en función de la capacidad económica de cada persona. Torres pagó 18.000 euros mientras que el dueño de los supermercados abonó 24.000.

Carretero negó también haber cometido irregularidad alguna en su propia pensión, que comenzó a recibir en 2002, según dijo, en contra de su voluntad. "A mí me dieron la invalidez absoluta por fuera. Me obligó la administración a pasar el tribunal médico. Me cortaron la carrera cuando era jefe de la policía local y podía tener muchísimas aspiraciones". La baja le llegó, según detalló, por un problema de visión. "No querían que portara armas", apostilló. Carretero negó responsabilidad alguna. "Si han revisado incapacidades concedidas que han resultado ser irregulares, que pidan explicaciones a la persona que ha firmado un informe médico falso y no a mí, que los he tramitado", dijo.

Carretero está considerado como el presunto cabecilla también en la operación Halcón, que investiga facturas falsas en empresas de la piel de la sierra de Ubrique. Sobre esta investigación, rechazó también tener responsabilidad. "Yo no he organizado ninguna trama. Aquí hay un problema donde hay 456 empresas en las que, según Hacienda, existen 60 millones de euros de fraude. Yo no sé dónde están", reveló. Carretero anunció que en los próximos días dará "nombres y apellidos" de personas implicadas en el caso.

Hoy expira el plazo en el que los abogados de los 30 implicados en la operación Karlos deben pronunciarse sobre la anulación de la escuchas telefónicas que permitieron iniciar el caso.