Del consenso, a los informes con votos discrepantes

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas carece, después de 18 años de existencia, de un reglamento de funcionamiento interno, a pesar de que está previsto en la ley que lo instituyó y lo regula, aprobada en 1988. Abordar su elaboración ahora podría servir, a juicio de algunos consejeros, como vía para zanjar las diferencias existentes en su seno. En su actual configuración, el Tribunal registra por primera vez en su historia una mayoría de consejeros nombrados por los partidos del Gobierno. Su mandato no expira hasta 2009 y no se puede renovar anticipadamente.

Quienes abogan por elaborar el reglamento pendiente piensan que sería un modo de establecer unas normas consensuadas de funcionamiento que eviten los enfrentamientos en su seno y con el Parlamento, evitando que la imagen del órgano fiscalizador siga sufriendo y deteriorándose su credibilidad.

En la última renovación, la presidencia, vicepresidencia y secretaría general quedaron por primera vez en las mismas manos, las del PNV. Este control, a juicio de la oposición, escora inevitablemente la acción del Tribunal a favor no sólo del Gobierno, sino de las instituciones y organismos en manos de ese partido que el tribunal debe fiscalizar. La ley de 1988 señala en su articulo 21 que corresponde al pleno del órgano auditor aprobar su reglamento interno. Pero, hoy por hoy, ninguno de los equipos que han gobernado el organismo, encabezados sucesivamente por Milagros García Crespo, Juan Luis Laskurain, Rafael Iturriaga y María Asunción Macho, ha impulsado su elaboración. Tal vez porque el consenso ha presidido históricamente la labor del Tribunal, cuyos informes se aprobaban por consenso y rara vez registraron votos particulares.

Esta dinámica se ha roto en el último período y lo que prácticamente se ha convertido en norma es lo contrario: que el órgano auditor saque adelante sus informes por mayoría, con los votos de los consejeros de los dos grupos nacionalistas del Gobierno (Ezker Batua renunció al que le correspondía y lo cedió al PNV) mientras los propuestos por la oposición dejan sentadas su discrepancia a través de votos particulares.

Así las cosas, hay ahora quien entiende que la redacción de ese reglamento interno podría servir para acordar y regular algunos aspectos que están puestos en cuestión, sin necesidad de recurrir a una reforma de la ley, que siempre puede resultar más conflictiva y difícil de consensuar.