Cambio de discurso

El Gobierno ha modificado radicalmente su discurso sobre la manera de abordar el fenómeno de la inmigración irregular. El masivo desembarco de sin papeles en las costas canarias durante todo el verano ha sido, sin duda, el motivo de este giro repentino, que se produce cuando el cambio en las condiciones meteorológicas, ya próximo el otoño, hace prever una drástica disminución en el número de embarcaciones que podrán aventurarse en una travesía de por sí larga y peligrosa. Urge que el Ejecutivo ofrezca una explicación que desmienta que se trata de un cambio forzado por las encuestas, en las que la inmigración irregular aparece como la primera preocupación de los ciudadanos. La improvisación en esta materia, si no el electoralismo, sería la peor de las soluciones, puesto que impediría repensar las causas de lo sucedido.

La regularización llevada a cabo al principio de la legislatura fue una medida necesaria y acertada, aunque ahora el Gobierno parezca haber interiorizado que se trató de un error. Con independencia de sus positivos efectos sobre la economía, existía una razón de principio sobre la que no cabe transigir: ante la imposibilidad material de repatriar a miles de trabajadores extranjeros en situación irregular, los fundamentos del Estado de derecho se verían afectados si se les condenase a vivir indefinidamente al margen de la ley, convirtiéndolos en los nuevos parias de nuestro tiempo. Cuestión diferente es que el Gobierno español obviase en su día, por ignorancia o por suficiencia, la obligación de acordar la medida con los socios y las instancias europeas, puesto que, en virtud de la normativa comunitaria, todos se verían involucrados. Este mismo argumento, vuelto del revés, es el que permite censurar la pasividad europea ante una crisis que España ha debido capear a solas este verano. Un error de procedimiento no justifica la tibieza de la respuesta comunitaria.

Las razones para oponerse a las regularizaciones son de oportunidad, no de principio, y de ahí que resulte desaconsejable la pretensión de basar un eventual pacto de Estado sobre inmigración en el compromiso de no emprender ninguna otra en el futuro; y más desaconsejable aún que se sugiera prohibirlas mediante ley. Las regularizaciones son cláusulas de cierre del sistema democrático para circunstancias extremas, y, como tales, de naturaleza excepcional. Se trata de que esas circunstancias extremas no lleguen a darse, no a prescindir del mecanismo último para hacerles frente y corregirlas. La ingenuidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue recurrir a la regularización sin acompañarla de las medidas necesarias para evitar que la ilegalidad se reprodujera, de manera que el número de trabajadores extranjeros en situación irregular ha tendido a aproximarse desde entonces al que existía con anterioridad a la medida. Pero de nada sirve el intento de corregir aquella ingenuidad con un nuevo discurso de firmeza que, en realidad, se limita a proferir amenazas imposibles de cumplir. Mientras el Gobierno lleva a cabo la repatriación de 60 senegaleses, otros cayucos siguen llegando a las costas canarias, además de un barco fantasma con unos 200 asiáticos a bordo.

El crecimiento de la economía española, superior al de los países de nuestro entorno, se ha traducido durante estos años en un aumento de la demanda de empleo, y ahí radica en lo sustancial el efecto llamada sobre los trabajadores extranjeros. Pero conviene no llamarse a engaño y reconocer que una parte de esa demanda se está satisfaciendo en la ilegalidad, sobre todo en sectores como la construcción, la agricultura intensiva y los servicios. Existe una línea subterránea que une la inmigración ilegal con el desbocado boom inmobiliario que está devastando nuestras costas, los invernaderos que proliferan sin control en el sureste español y el ingente número de mujeres empleadas sin ninguna cobertura legal en las tareas del hogar, la hostelería e, incluso, la prostitución. Sin un acuerdo entre partidos, sin un decidido pacto de Estado que permita sanear esta situación por la vía de reforzar la inspección laboral y fiscal, entre otras medidas que apunten en la misma dirección, inmigrar de manera legal o ilegal será una simple cuestión de detalle para los trabajadores de los países pobres. Una vez en España, siempre existe un empleador poco respetuoso con las normas y con las personas que les ofrecerá trabajo, con o sin papeles.

La política de inmigración tiene que establecerse, por último, en el ámbito de la Unión Europea. Pero no sólo para reforzar unas fronteras que, por ser comunes, exigen que se aseguren con la participación de todos. El proteccionismo agrícola que practica la Unión, refrendado por el fracaso de la Ronda de Doha en el seno de la Organización Mundial de Comercio, es uno de los factores que más poderosamente está influyendo en que el equilibrio de la economía mundial se esté llevando a cabo a través del mercado laboral internacional y de las corrientes migratorias. El gigante económico que es Europa no puede permanecer indiferente ante unos procesos que, en último extremo, están contribuyendo a reproducir las condiciones del capitalismo en el siglo XIX, con los trabajadores extranjeros convertidos en ejército de mano de obra de reserva. No es sólo un modelo de prosperidad lo que está en juego, sino la fibra moral de unas sociedades que se recrean en su opulencia y que cierran los ojos ante una explotación inhumana en su propio suelo.