El PSC se resiste a crear la comisión que fija el Estatut para determinar las inversiones del Estado en Cataluña

El pasado mes de julio, José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall acordaron empezar a desplegar el Estatuto este mes de septiembre con la creación de la comisión bilateral Estado-Generalitat y la comisión de infraestructuras. Ninguna de ellas ha visto la luz por ahora y ayer mismo los socialistas catalanes anunciaron que estas comisiones no van a constituirse antes de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre, mucho menos la de infraestructuras.

El Estatuto es bien claro en su diposición adicional tercera. Las inversiones del Estado en Cataluña durante siete años serán equivalentes al peso del PIB catalán respecto al español (del 18,8% para 2007) y una comisión integrada por las administraciones central, autonómica y local deberá determinar a qué proyectos se destina esa cantidad.

Pues bien, todos los partidos catalanes se han enzarzado en una lucha para ver quién consigue arrancar más dinero al Gobierno central y calcular con mayor exactitud cuántos euros supone ese famoso 18,8%. Y nadie, en vísperas electorales, acepta los 400 millones de incremento que propone el Ejecutivo del PSOE, y menos aparecer ante el electorado, en víspera de las autonómicas, como el patrocinador de las rebajas.

Como fruto de esta dinámica preelectoral, ayer el portavoz del Partit dels Socialistes (PSC), Miquel Iceta, fue taxativo al afirmar que su formación no está por la labor de crear la comisión de infraestructuras antes de 1-N. "Se acabará imponiendo el criterio de que en un periodo preelectoral (...) sería contraproducente crear esta comisión. Sería enredar", sostuvo Iceta ayer tras la reunión de la ejecutiva de los socialitas catalanes.

Iceta enumeró más impedimentos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto y recordó que existen dos asociaciones que representan al municipalismo catalán -la Federación de Municipios de Cataluña, de tinte izquierdista, y la Asociación Catalana de Municipios, más pro nacionalista- y primero habría que delimitar su cuota dentro de la comisión de infraestructuras.

Fuentes del Gobierno catalán confirmaron ayer que el PSC se resiste a la puesta en marcha de la comisión de infraestructuras porque su propósito es capitalizar las inversiones del Estado en Cataluña, que por primera vez en más de una década equivaldrán al peso del PIB catalán.

Pero ayer a media tarde la Generalitat corrigió a Iceta. Fuentes del Ejecutivo, citadas por la agencia Efe, dijeron que continúan negociando con el Gobierno central para que tanto la comisión bilateral como la de infraestructuras puedan reunirse "lo antes posible".

Saura corrige a Iceta

Las declaraciones del portavoz socialistas incomodaron a sus socios de Gobierno. El consejero de Relaciones Institucionales y líder de Iniciativa Verds, Joan Saura, aseguró que no existe impedimento alguno para que puedan constituirse las dos comisiones, la de infraestructuras y la bilateral Estado-Generalitat, antes de las elecciones del 1 de noviembre. Al contrario, recomendó que se reúnan cuanto antes, la primera para abordar el fenómeno de la inmigración y la forma en que la Generalitat participa en la fijación del contigente para el próximo año, y la de infraestructuras porque debe "tratar la inversión del Estado en Cataluña para 2007, tal como dice el Estatuto", afirmó en declaraciones a este periódico.

Saura fue más lejos al advertir de que si el Estado sigue elaborando proyectos de ley que "laminan las competencias catalanas", la Generalitat acudirá al amparo del Tribunal Constitucional. El secretario general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, en cambio, alertó sobre un "rebrote aún más virulento" de las reivindicaciones de Cataluña si el Estado "continúa en esta línea".

El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, achacó el anuncio de Iceta a la "debilidad" del Gobierno de la Generalitat para negociar frente al Ejecutivo central. Puig lamentó la "patética subordinación" del PSC al PSOE, aunque agregó que la "inexistencia de esta comisión de infraestructuras no pone en riesgo las inversiones del Estado en Cataluña ya que la ley obliga al Gobierno a llevarlas a cabo por mandato estatutario". Fuentes de la federación nacionalista señalaron que, en caso de recuperar la Generalitat, pondrán en marcha esta comisión. "Así lo fija el nuevo Estatuto que nosotros apoyamos y votamos", afirmaron.