Un promotor pagó a Roca 5,3 millones por cinco operaciones urbanísticas en Marbella
Las defensas buscan quitar al juez Torres el 'caso Malaya' y llevarlo a la Audiencia Nacional
El promotor granadino Carlos Sánchez, en prisión preventiva por su supuesta implicación en el caso Malaya, pagó durante dos años un total de 5,3 millones de euros al ex gerente de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca por cinco operaciones urbanísticas. De estos pagos, que se efectuaron a través de la sociedad CCF21, de la que también es socio el imputado Andrés Liétor, uno, por importe de tres millones, corresponde a una licencia de obras en la finca La Gitana en marzo de 2003, posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los ingresos "irregulares" y "opacos" están detallados en el auto de prisión de Carlos Sánchez, y fueron citados ayer por el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, en una vista en la Audiencia de Málaga sobre la situación procesal de ambos empresarios. El magistrado instructor, Miguel Ángel Torres, explica en su resolución que las operaciones urbanísticas por las que CCF21 realizó pagos son, además de la licencia de La Gitana, dos permutas de locales y dos licencias para ampliar el volumen de edificación de dos edificios.
Estos pagos se unen a otros realizados por otros empresarios de la construcción al supuesto cerebro de la red de corrupción marbellí. Así, el empresario Fidel San Román declaró haber pagado seis millones de euros a Roca; los directivos de la promotora malagueña Aifos, cuatro millones o el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, dos millones.
La sala tercera de la Audiencia Provincial de Málaga acogió ayer cinco vistas sobre otros tantos recursos a órdenes de prisión decretadas por el juez Torres. Tres de ellas pedían la puesta en libertad de los empresarios Sánchez y Liétor, así como del ex concejal del GIL Rafael Calleja. El fiscal se negó a la excarcelación de estos tres imputados al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Liétor, de 51 años, sufrió ayer una crisis diabética por la que tuvo que ser trasladado al hospital Costa del Sol, aunque por la tarde regresó a la cárcel.
Los otros dos recursos tenían que ver con la excarcelación de la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos y el ex edil gilista Victoriano Rodríguez, puestos en libertad bajo fianza de 60.000 euros el pasado miércoles. El abogado defensor de ambos, Javier Gómez de Liaño, mantuvo el recurso para que se "examine la legalidad del auto recurrido".
Precisamente, el ex magistrado Gómez de Liaño encabezó ayer una de las iniciativas para conseguir que el caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella deje de estar en manos del juez Torres y pase a la Audiencia Nacional. El letrado está ultimando una cuestión de competencia, en la modalidad inhibitoria. En él, Gómez de Liaño se dirigirá al órgano que él cree competente, la Audiencia Nacional, para que este tribunal reclame al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella las competencias en el caso Malaya, en el que desde marzo han sido detenidas 62 personas. El abogado afirmó que las defensas de otros imputados piensan sumarse al escrito.
Con la misma intención que Gómez de Liaño, pero con el procedimiento contrario, el pasado agosto, el abogado Julián Chamorro, que defiende a Carlos Sánchez y Andrés Liétor, presentó lo que técnicamente se conoce como una petición declinatoria. En ella, el letrado se dirigía al juez Torres pidiéndole que remita las diligencias al juzgado central de la Audiencia Nacional.
La ex teniente de alcalde Isabel García Marcos acudió ayer a los juzgados de Marbella para depositar su pasaporte, que le fue requerido como condición de su puesta en libertad bajo fianza de 60.000. Durante la vista de su recurso en la Audiencia Provincial, el fiscal Anticorrupción aseguró que entre abril de 2004 y septiembre de 2005 García Marcos fue objeto de "sobornos" que totalizaban 294.000 euros. A las puertas de la sede judicial marbellí, García Marcos ahondó en un victimismo rayano a la justificación del terrorismo: "Ahora los presos políticos ya no son etarras, son las malayas y los malayos", dijo.
Para hoy está previsto que comparezcan en los juzgados de Marbella el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su abogado José María Del Nido para responder por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
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