La cúpula policial de Acebes desmiente la teoría del PP sobre la conspiración del 11-M

Algunos de los principales mandos de la cúpula policial profesional que estaba a las órdenes de Ángel Acebes y que investigó el 11-M desde el mismo momento en que se produjo la matanza ha negado a EL PAÍS "cualquier tipo de vinculación de ETA en los atentados", así como que "exista una conspiración política o policial ni para tirar a un Gobierno ni para ocultar nada".

Los antiguos comisarios consultados por este periódico -la mayoría trabaja en la empresa privada y prefiere mantener sus declaraciones en el anonimato-, aseguran que desde que comenzaron a recoger los primeros indicios en los escenarios de la matanza "empezó a quedar claro que ETA no había participado en los atentados". De hecho, el mismo día del ataque estaba desplegado por toda España un gran operativo de seguridad en los núcleos de transporte para prevenir un atentado de la banda terrorista vasca. Lo que sí admiten es que, en el transcurso de los primeros meses de pesquisas, se cometieron fallos de investigación debidos, alegan, a las "prisas para evitar un nuevo atentado". La intentona, de hecho, se produjo el 2 de abril de 2004. Ninguno vio hecho o dato alguno que permitiera ni siquiera sospechar sobre la existencia de una conspiración urdida por sus subordinados.

"El ex minero Suárez Trashorras nunca nos dijo nada de ETA y atribuyó el atentado a los islamistas"

"El registro de la furgoneta Kangoo [donde se hallaron explosivos] fue limpio y se ejecutó con media docena de testigos"

"No existe vinculación con ETA ni conspiración política o policial para ocultar algo o tirar a un Gobierno"

El subdirector Operativo de toda la etapa del PP, Pedro Díaz Pintado, así como los comisarios generales de esa época, Jesús de la Morena (Información), Santiago Cuadro (Seguridad Ciudadana) y Carlos Corrales (Policía Científica), los más directamente implicados en las pesquisas del 11-M, permanecieron en sus cargos incluso después de que Acebes abandonara el Ministerio, el 16 de abril de 2004. Hasta ese momento, informaron directamente a Acebes y al secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, del avance de las pesquisas casi al minuto.

Tanto los mandos de la cúpula anterior como los de la policía actual sostienen, e incluso comprometen su palabra en ello, de que durante las investigaciones del 11-M no ha surgido ningún dato que permita vincular a ETA con los atentados ni mucho menos una conspiración. Los inspectores jefes, inspectores y subinspectores implicados en las pesquisas, nuevos y antiguos, lo niegan tajantemente: "Aquí no se ha manipulado prueba alguna", declaran. Eso sí, admiten, se produjeron "al menos una veintena de fallos en las investigaciones" que, reconocen, han permitido mantener al PP y sus medios afines una teoría conspirativa que califican, sin ambages, de elucubraciones sin base, o como la ha definido el general Pedro Laguna, entonces jefe de la Guardia Civil de Asturias, "una barbaridad de mentes enfermizas"

Todos los consultados precisan que el "registro de la furgoneta Kangoo fue limpio", ejecutado con media docena de testigos, entre ellos el propio De la Morena y Díaz Pintado. Aseguran que "la única mochila bomba desactivada", también cuestionada por los teóricos conspirativos, "fue investigada profesionalmente y sin que ninguno de los casi 100 agentes que revisaron todo su contenido vieran nada raro". Explican que "desde el mismo 11-M quedó claro que el explosivo utilizado en la matanza era dinamita", como quedó por escrito el 18 de marzo, en un informe que se envió al juez. Y sentencia que el Skoda Fabia supuestamente comprado por El Tunecino a un delincuente chileno es una prueba "irrelevante", sin cuya existencia nada se alteraría, ya que la presencia de Allekema Lamari en Alcalá ya había sido comprobada por los rastros de ADN encontrados en la Renault Kangoo hallada junto a la estación de trenes de la ciudad cervantina.

La tesis de ETA, según explican, sólo pudo mantenerse hasta que surgieron las primeras pruebas. Esta línea de investigación se sostuvo por parte de los profesionales entre las 12.00 y las 15.30. A mediodía, durante una reunión en Interior, todos los cuerpos coincidieron en que "por análisis" y "por los precedentes de atentados fallidos" podría tratarse de ETA. Pero a las 15.30 ya se conocían conversaciones privadas grabadas a Arnaldo Otegi y otros miembros del entorno de ETA, en las que se negaba cualquier participación etarra, y ya había comenzado el registro de la Renault Kangoo, donde se encontró una cinta coránica, detonadores y un resto de explosivo del tamaño de una de las antiguas monedas de 500 pesetas. Todo ello fue puesto en conocimiento de Acebes y Astarloa.

Los comisarios consultados aseguran que, más allá de eso, sólo se hallaron cuestiones colaterales, de muchos años antes, que pudieran sugerir posibles contactos, sobre todo tras los muros de las prisiones, entre islamistas y etarras. Explican, además, que todas las informaciones que se facilitaron al ministro procedían de agentes profesionales, desde comisarios a agentes de la escala básica, y que no fueron ni manipuladas, ni alteradas ni retrasadas.

La cúpula policial ha recordado cómo, tras el descubrimiento de los detonadores en la Kangoo, la investigación se encaminó hacia Asturias. El primer dato fue conocido gracias a la empresa fabricante, Unión Española de Explosivos (UEE), que aseguró que esos detonadores se habían vendido en varias minas asturianas. Este dato fue comunicado a Ignacio Astarloa el mismo 11-M, durante una reunión de coordinación ante el 11-M en la Secretaría de Estado de Seguridad. Fue en ese foro en el que se decidió enviar un equipo a Asturias y que en él estuviera incluido un agente del Centro Nacional de Inteligencia, del que se dijo que tenía "contactos en la zona".

Los agentes desplazados a Asturias que interrogaron a José Emilio Suárez Trashorras

niegan que el ex minero dijera nada sobre ETA, sino que el atentado "era cosa de los árabes y que podrían ser éstos con los que traficaba con hachís", según el documento entregado al juez por el comisario Miguel Ángel Gamonal. Otro documento elaborado por el agente del CNI Santiago D. informa de lo mismo.

Lo que más indigna a todos los consultados es el intento de convertir el suicidio de los islamistas en Leganés, el 3 de abril de 2004, en una operación mafiosa para ocultar pruebas. La operación de ese día fue dirigida in situ por Agustín Díaz de Mera, entonces director general de la Policía y hoy eurodiputado del PP, que estuvo acompañado, entre otros, de De La Morena, Díaz Pintado, Santiago Cuadro, y el jefe de los GEO (entonces Rafael González Cachinero). Ninguno de ellos sigue en el cargo. Muchos recuerdan cómo Díaz de Mera era el más firme convencido de la teoría islamista y de que el comando que se mató en Leganés era el autor de la matanza.