El Gobierno espera que la sentencia de la UE zanje los recursos contra las normas fiscales

El Gobierno cree que con la doctrina dictada por el Tribunal de la Unión Europea (TUE) en el caso Azores deben acabar los "debates estériles" sobre la fiscalidad vasca. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, exigió ayer que "cesen de una vez y para siempre los ataques jurídicos y políticos contra el Concierto y el autogobierno vasco", mientras que la número dos del Ejecutivo, Idoia Zenarruzabeitia, pidió terminar con 20 años de "recursos" contra los aspectos del Impuesto de Sociedades que se separan de la normativa estatal. El Gobierno riojano y los empresarios de esta comunidad, que han recurrido sistemáticamente normas fiscales vascas, creen que la sentencia no cambia la situación actual.

La marea de reacciones a la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas dictada el miércoles sobre el régimen fiscal de las Islas Azores (Portugal) continuó ayer. El fallo fija los criterios del máximo intérprete de la legislación europea sobre la posibilidad de que una región tenga tipos impositivos inferiores a los vigentes en el resto del país sin que se consideren ayudas de Estado. Para ello, la institución regional debe tener capacidad política para dictar normas fiscales diferenciadas, hacerlo sin intervención de las autoridades estatales y asumir por sí sola el coste económico de las rebajas fiscales. Las instituciones vascas entienden que estos criterios son automáticamente extrapolables al País Vasco y a su sistema de Concierto Económico.

"Ha tenido que venir el Tribunal de Luxemburgo para clarificar la situación", destacó en San Sebastián la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, quien calificó de muy positiva la sentencia. Aseguró que el fallo constata que, "frente a todo lo que se ha venido diciendo", el sistema del Concierto tiene "un encaje" no sólo en España, sino dentro "de todo el sistema de fiscalidad de Europa".

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, también incidió ayer en que la decisión supone "el reconocimiento del sistema fiscal vasco". Añadió que su partido seguirá trabajando en la modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para que las normas de contenido fiscal que aprueben las Juntas Generales vascas sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional, como sucede con las leyes, y no por la jurisdicción contencioso-administrativa, como está establecido ahora.

Aplicación "inmediata"

El diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri fue todavía más allá y reclamó incluso que se aplique "inmediatamente" la sentencia a los casos judiciales pendientes en los tribunales españoles.

El Tribunal Superior vasco tiene actualmente suspendido de forma cautelar el tipo general del Impuesto de Sociedades (el 32,6%) en aplicación de la sentencia del Supremo que lo consideró en 2004 ayuda de Estado por separarse en más de dos puntos del vigente en el resto de España (35%). Aunque no referida específicamente al caso vasco, el Superior podría incorporar los criterios del TUE en su fallo sobre el fondo del asunto, según fuentes judiciales.

Por su parte, el vicepresidente económico del Ejecutivo central, Pedro Solbes, precisó que la sentencia "no afecta" al régimen existente en España. Solbes aseguró que el criterio del tribunal es el que ha mantenido el Gobierno español, que estuvo personado en el caso Azores: "Permitir la existencia de espacios fiscales diferenciados dentro de un mismo territorio nacional", pero sin que esos sistemas supongan "en ningún caso" un sistema de ayudas públicas.

El consejero de Administraciones Públicas de La Rioja, Alberto Bretón, sostuvo que la sentencia no afecta "ni tangencialmente" a los pleitos internos. Para Bretón, la "euforia desatada" entre las instituciones de Euskadi encubre "un intento de presionar a los tribunales españoles para que no se cumplan unas sentencias que son firmes". El Gobierno riojano ha recurrido de forma habitual las ventajas contenidas en el Impuesto de Sociedades vasco.

El consejero se refería así a la resolución del Tribunal Supremo que en diciembre de 2004 anuló parte del Impuesto de Sociedades, incluido el tipo el de 32,5%, y a otro fallo posterior del Superior que en 2005 volvió a anular el mismo tipo.

El secretario general de la patronal riojana, Emilio Abel de la Cruz Ugarte, se mostró también "sorprendido" por la respuesta vasca al fallo judicial e interpretó que, de momomento, no ha cambiado nada. Precisó que su organización, que con sus recursos propició el fallo del Supremo contra el Impuesto de Sociedades, nunca ha cuestionado el Concierto, sino la utilización "abusiva" que se ha hecho de la capacidad normativa que concede.