La fiscalía pide diez años de cárcel para el ex director de Sondika

Tras cinco años de diligencias judiciales y el paso de la investigación por manos de seis jueces, el ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, tiene ya una petición de condena. La Fiscalía del Tribunal Superior vasco le acusa de cuatro delitos y solicita diez años de cárcel por su gestión al frente del aeropuerto, entre 1997 y 2001, en la que, según afirma, tuvo "el único propósito de beneficiarse económicamente". Para su mujer, Laura Hernández, imputada por colaboración, pide cinco años. Además, reclama que ambos paguen más de 2,1 millones de euros en multas e indemnizaciones a AENA (el ente que gestiona los aeropuertos españoles).

La petición fiscal abre los trámites para el juicio oral, que será con jurado y no se celebrará antes del próximo año. López-Santacruz está implicado en la concesión de 31 obras a dos constructoras sin "concurrencia o con concurrencia muy limitada"; la adjudicación de tiendas con informes técnicos "cuestionables" a una empresa creada "expresamente para estas licitaciones" o el arrendamiento por su madre del piso que le proporcionó AENA. Esos ingresos le permitieron adquirir otra casa. Las investigaciones judiciales han permitido descubrir ingresos de 950.000 euros sin justificar en las cuentas bancarias del ex director, su esposa y su madre.

"Beneficio económico"

La fiscal, en un escrito fechado el pasado 23 de junio, relata que el ex director del entonces aeropuerto de Sondika "concertó con su esposa" la adquisición de dos pisos en Getxo, cuya hipoteca se cargó de AENA al crear "un documento con apariencia de contrato de alquiler". También endosó a AENA los gastos de electricidad y teléfono, y el alquiler de un garaje particular, lo que supuso más de 24.000 euros que el acusado reintegró al iniciarse el procedimiento penal.

Sobre las contrataciones de obras, dice que López-Santacruz, "abusando de las facultades inherentes a su cargo, prescindió" de los procedimientos de control "para lograr un beneficio económico propio en perjuicio de los intereses públicos". La Fiscalía agrega que autorizó pagos "sin expediente alguno" en al menos 17 obras y certificó otras "a pesar de que no se iban a realizar". "Con dichas irregularidades, el acusado logró adjudicar ciertas obras y servicios a determinadas empresas a las que benefició a cambio de ciertas cantidades de dinero" que, admite, no se han podido determinar "en su totalidad". Sólo en los casos más graves, se estima un perjuicio de más de 750.000 euros.

La fiscal acusa al ex director de los delitos de falsificación de documento oficial, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. A su esposa, le imputa la falsificación de documento y receptación. Pide la declaración de varios directivos del aeropuerto que fueron apartados de sus cargos con este caso y de los dueños de las constructoras que lograron la mayoría de las obras.