Recuperar el consenso

Finalizado el plazo de presentación de enmiendas, el proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía aprobado por el Parlamento de esa comunidad comenzará a debatirse la semana próxima en la Comisión Constitucional del Congreso. El trámite de su paso por las Cortes es la ocasión para recuperar el consenso de todos los partidos, roto en la parte final de la negociación en el Parlamento andaluz. Algunas de las enmiendas que planteará el PSOE parecen orientadas a ese fin.

El proyecto salió de Sevilla con el respaldo de los socialistas e Izquierda Unida y el voto en contra del Partido Andalucista y del PP, este último con el argumento de que la definición de Andalucía como "realidad nacional" era anticonstitucional y atentaba contra la unidad de España. Tal definición fue introducida en el último momento para intentar sumar al acuerdo a los andalucistas, que defendían la definición como "nación" (al igual que IU, aunque este partido sin hacer de ello motivo de ruptura). Además de ajena a la sensibilidad de la mayoría, fue una mala solución, porque sirvió de pretexto para los sectores del PP que no querían ninguna reforma, sin por ello atraer a los andalucistas.

Para eliminar el pretexto, el PSOE plantea añadir a la expresión una referencia a la unidad de la nación española, tal como figura en el Estatuto vigente. Se trata, por tanto, de incluir en el texto una interpretación de su alcance, ahorrándole trabajo al Tribunal Constitucional. Es también una forma de dar satisfacción al PP, dándole oportunidad de reincorporarse al acuerdo. Otra enmienda matiza el alcance de la reclamación de competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, sospechosa de inconstitucionalidad, dado que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las cuencas que se extienden por más de una autonomía. Se trata antes de un reflejo mimético de lo planteado respecto al Ebro en el Estatuto catalán que un intento de colmar aspiraciones ciudadanas.

Un tema delicado es el de las inversiones del Estado en la comunidad. Cataluña planteaba (y también Baleares) que la cantidad se fijase en función de la aportación al PIB español, y Andalucía, que fuera en función de la población. Esto último suena mejor, pero en ambos casos se trata de condicionar desde un Estatuto decisiones que corresponden al Estado central. La solución catalana de limitar ese criterio a siete años (a modo de compensación por déficit anteriores o deuda histórica) es un apaño que ahora propone también el PSOE para Andalucía. A veces los apaños son la única forma de consenso y, en todo caso, si PP y PSOE lo desean, el acuerdo será posible porque son temas sobre los que están más de acuerdo entre sí que cualquiera de ellos con el resto de las formaciones.