El seguimiento a teléfonos móviles llevó a la policía hasta los autores del 11-M

La investigación policial del atentado perpetrado en los trenes de Madrid en la mañana del 11 de marzo de 2004 se aceleró por el descubrimiento de un teléfono móvil dentro de una bolsa de deportes cargada con dinamita Goma 2 que no explotó en uno de los trenes. Los expertos policiales que participaron en la investigación han reconocido en numerosas ocasiones el alto valor de la información conseguida gracias a la actividad de los teléfonos móviles.

Ese teléfono móvil descubierto en la bomba desactivada en un parque del barrio madrileño de Vallecas permitió averiguar el lugar dónde se había vendido. Desde allí, la policía pudo conocer que los compradores de ese móvil también habían adquirido otro lote de teléfonos con tarjeta prepago.

Gracias a esas tarjetas prepago, la policía pidió a las compañías telefónicas que les informasen sobre el tráfico que habían tenido esos números de teléfono y fueron atando cabos hasta llegar a la detención de muchos de los responsables del atentado más grave en la historia de España.

Gracias a los datos de las comunicaciones efectuadas por esos teléfonos, o simplemente a cuando se activaron esos móviles, la policía pudo llegar hasta Chinchón, la localidad donde los terroristas alquilaron una casa en la que montaron las 13 bombas que colocaron en los trenes.

Y tras investigar el tráfico de llamadas, llegaron a otros colaboradores necesarios de los terroristas que están en prisión o han sido imputados por el juez Del Olmo que instruye este caso.

También el análisis de las comunicaciones fue muy importante para el trabajo policial que acabó con el suicidio de siete terroristas en un piso de Leganés tras se acorralados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La policía no contó durante la investigación del 11-M con un dato que podría haber sido especialmente relevante para facilitar sus pesquisas: la identidad de los propietarios de los teléfonos móviles que explotaron en los trenes.

Por eso, cuando redactaron sus primeros informes sobre la investigación, incluyeron varios párrafos donde planteaban a los responsables del ministerio del Interior la necesidad de elaborar una nueva normativa que obligase a identificar a los compradores de tarjetas prepago.

Ahora, el Gobierno aprobará un proyecto de Ley que obligara a las compañías telefónicas a identificar a los compradores de tarjetas prepago. Empezando por los 16 millones de usuarios anónimos que ahora hay en España.