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El Gobierno blindará por ley las competencias municipales para garantizar su financiación

El Ejecutivo inicia los contactos para consensuar la norma básica de los ayuntamientos

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno inicia esta semana los contactos con todos los partidos para pactar la reforma de Ley de Bases de Régimen Local, cuyo objetivo es "fijar con claridad las competencias de los ayuntamientos y asegurar con ello una suficiencia financiera", según el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Esta ley es el "estatuto de autonomía de los municipios", recoge mayor poder para los gobiernos municipales frente al pleno y atiende las reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Sevilla confía en el acuerdo con el PP.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que afecta a los 8.000 municipios españoles y que el Gobierno pretende tramitar y aprobar en este período de sesiones, refuerza, asimismo, un aspecto estratégico como la participación de los ayuntamientos en la promoción económica del territorio. El listado de competencias incluye servicios que no recogía la Ley anterior, la de 1985, como la regulación y autorización del establecimiento de actividades económicas y empresariales en su territorio o la participación en la elaboración y diseño de los programas de ejecución de infraestructuras públicas cuando discurran por el término municipal.

Pero la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pretende, sobre todo, resolver la "indefinición" de competencias de los municipios que presenta el texto vigente, de 1985, y que les ha perjudicado, pues al asumir en la práctica funciones no reconocidas claramente en la ley han terminado resintiendo su financiación, señalan fuentes de Administraciones Públicas. Ésta ha sido una antigua reclamación de la FEMP, recogida por escrito en su Asamblea de octubre de 1993, celebrada en A Coruña.

La ley de Bases de 1985, aún vigente, aprobada cuando los municipios democráticos iniciaban su andadura, recogía unos servicios mínimos para los ayuntamientos, pero no establecía de modo claro sus competencias. "El municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, decía el texto de la Ley de 1985, con lo que las remitía al desarrollo de leyes posteriores", indican fuentes de Administraciones Públicas.

Sin embargo, el proyecto de reforma que el Gobierno negociará esta semana con los partidos fija expresamente, en su artículo 22, las competencias municipales. "Los municipios tienen las siguientes competencias", señala imperativamente el texto, y describe hasta 28.

La fijación clara de competencias garantizará una financiación adecuada de los ayuntamientos, señalan en Administraciones Públicas. El artículo 29 de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ofrece esas garantías.

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Dicho artículo, en su apartado 2, dice: "La delegación o encomienda (de competencias del Estado y las comunidades autónomas) habrá de ir acompañada de la dotación o el incremento de medios económicos necesarios para desempeñarlas. En ningún caso las entidades locales estarán obligadas a asumir la delegación o encomienda si la Ley que las impone no prevé tales medios". Con esta cláusula, los ayuntamientos garantizan su financiación.

Otro aspecto muy importante de la reforma consiste en la separación de funciones entre el gobierno municipal -el alcalde y su equipo tendrán mayores competencias- del pleno municipal, que también verá reforzado su papel de control. Así, la norma exige que las licencias, convenios y contratos, que afecten a la vida del municipio por varios años, pasen por el control del pleno municipal y no limiten su decisión al debate en el equipo de Gobierno. La Ley de Bases regula, también, la iniciativa popular, de modo que los ciudadanos podrán presentar propuestas de acuerdos o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal.

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