Benidorm, paraíso para las obras ilegales

¿Es posible pagar impuestos por tener un local de 50 metros y utilizar 150 apropiándose de espacio público? En Benidorm, sí. La política que se ha seguido en los cerramientos de aceras, terrazas y balcones en esta ciudad turística ha provocado que se cuenten por miles los locales comerciales y de particulares que contravienen el planeamiento con la tolerancia de todos los gobiernos locales desde 1956.

Es una práctica habitual de la que se han beneficiado políticos de todas las tendencias, y todos dudan de que algún día pueda encontrarse una solución. Las torres se levantan sin límite de altura con la obligación de dejar, eso sí, amplias zonas de paseo y zonas verdes en los bajos, que duran lo que el dueño del local abre la persiana. El PP, en el gobierno local con mayoría absoluta, anunció, 19 demoliciones en 1994, tras su llegada al poder, pero no se atrevió a realizarlas. Luego en 1996, encargó un estudio que costó 100.000 euros, pero tampoco ejecutó sus conclusiones.

Urbanismo admite que tiene sobre la mesa 1.500 expedientes a punto de prescribir

Los cerramientos de terrazas y retranqueos acaparan el grueso de las infracciones

El departamento de Urbanismo admite que en la actualidad existen unos 1.500 expedientes en vigor correspondientes a los últimos cuatro años, -los servicios municipales tienen capacidad de absorber una media de 300 o 400 por año- la mayoría de los cuales estarían a punto de prescribir, y por lo tanto ya no se podrá restablecer la legalidad.

El procedimiento que se sigue es el siguiente: cuando se detecta una anomalía por parte de los inspectores en primer lugar se abre un expediente de infracción, que puede dar lugar o no a un expediente sancionador. En este caso se acuerda una multa, que no siempre el Consistorio cobra. La construcción continúa siendo ilegal, y el Ayuntamiento dispone de cuatro años para demolerla. Ése es el segundo paso. Sin embargo, el Consistorio permite que transcurra ese plazo sin hacerlo, tras lo cual ya no puede actuar. Así ha sucedido en la mayoría de los casos, y basta con un simple paseo por el ensanche de Benidorm para comprobar el resultado. Todo es ilegal, pero ya no se puede hacer nada.

Hay otro modo de proceder que se ha ido imponiendo en los últimos años, cuando los responsables políticos se dieron cuenta de la atrocidad. Aprovechando el resquicio legal que permite otorgar licencias "en precario", condicionadas a ciertos requisitos, el Consistorio las otorga con un condicionante: construya su retranqueo ilegal, pero cuando el Ayuntamiento se lo solicite deberá derribarlo sin que pueda reclamar indemnización. Ésa es la condición.

De esta forma, Benidorm obliga a quienes solicitan licencia para la construcción de un cerramiento a la entrega de un acta notarial por la cual se comprometen a derribar la construcción en caso de que el Consistorio lo requiera. El filón está en que nunca lo requiere. Esta fórmula, que se basa en el artículo 58.5 se la extinta LRAU reviste de legalidad un asunto que continúa al margen de las ordenanzas municipales, y aunque deja en situación precaria la construcción es preferible porque evita la sanción económica que seguramente le tocará pagar al infractor si se sigue el primer procedimiento.

Desde hace pocos meses y con el fin de evitar una mayor degradación de la situación urbanística, el Ayuntamiento de Benidorm sólo otorga licencias provisionales de obra y de apertura a las construcciones con más de cuatro años condicionadas siempre -según los servicios jurídicos- a que en caso de que el Ayuntamiento lo solicite se demolerá, lo que nunca ha sucedido.

La secretaria de Organización del PSPV en La Marina Baixa, Fany Serrano, considera que el procedimiento de los responsables políticos y los funcionarios de Benidorm responde a un presunto delito de prevaricación, en la modalidad de comisión por omisión. "Saben que están permitiendo que se comenta una ilegalidad y no hacen nada por evitarlo", aclara.

El concejal de Urbanismo, Manuel Agüera, apuesta por un pacto con todas las fuerzas políticas. Se plantea la posibilidad de establecer unas compensaciones al municipio por aprovecharse del espacio público, algo similar al Plan de Reforma Interior de Mejora por el que Territorio permite a los hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en la ciudad exceder el volumen edificable a cambio de ceder suelo al municipio.