Repsol, en el laberinto boliviano

Las cosas están así: te pueden llamar a declarar como testigo y terminar encerrado". Un directivo de la compañía petrolera hispano-argentina Repsol-YPF resume la situación que atraviesa la empresa en Bolivia poniendo como ejemplo lo ocurrido al síndico de la compañía, Saúl Encinas Miranda, quien fue liberado el pasado domingo después de pasar dos noches en el calabozo tras declarar como testigo -no como imputado- por su relación con un contrato firmado entre Repsol y la brasileña Petrobras que, según la fiscalía de Santa Cruz, ha supuesto un fraude para los intereses bolivianos. El hecho provocó la primera respuesta medianamente dura de la compañía en el conflicto que atraviesa desde que Evo Morales anunció la nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo.

"Las cosas están así: te pueden llamar a declarar como testigo y terminar encerrado", asegura un directivo de Repsol-YPF para explicar la situación que se vive en Bolivia

Una ruptura total causaría daño no sólo a la empresa hispano-argentina, ya que la estatal boliviana no tiene capacidad para hacerse cargo de todo el proyecto

Repsol advierte de que recurrirá a los tribunales internacionales, y Bolivia amenaza con denunciar a la multinacional por "saqueo"

El vicepresidente boliviano viajará próximamente a España en lo que puede suponer un cambio de perfil en la marcha de la negociación

El nuevo presidente boliviano, que ascendió al poder el pasado enero tras una victoria espectacular en la primera vuelta de las elecciones, ha convertido el nacionalismo energético en el eje de su mandato. Es más, ésa fue la bandera que le llevó al poder. Morales está convencido de que, para que su país progrese y para que se comience a atajar la pobreza que afecta a la mayor parte de su población, es imprescindible un nuevo reparto de la tarta petrolera: un pedazo mucho más grande para el Estado. Su gran reto es conseguirlo de forma negociada y sin provocar una estampida, ya que, hoy por hoy, Bolivia no parece en condiciones de gestionar por sí sola la riqueza de su subsuelo, ni siquiera con la ayuda de su gran aliado: el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Repsol amenazó con acciones ante organismos internacionales. Inmediatamente, desde La Paz, el Gobierno advirtió de que puede llevar a la empresa ante los tribunales internacionales por "saqueo". "Si esto fuera un combate de boxeo, habría que decir que Repsol está siendo un gran encajador, pero tendrían que recordar que la pelea se puede perder aunque no caigan en la lona", opina un alto responsable de una firma auditora afincada en Bolivia. "Hay demasiados factores ajenos al conflicto de las nacionalizaciones que influyen en lo que pasa con Repsol", añade.

Con un proceso negociador en marcha -en el que se ha comprometido al más alto nivel el Gobierno español- más basado hasta ahora en las declaraciones que en los resultados concretos, la compañía asiste prácticamente cada semana a acciones judiciales contra sus directivos y a declaraciones de abierta hostilidad desde las instancias políticas. "En lo formal insisten en privilegiar el diálogo, pero hay una crisis interna fenomenal, los tiempos de la nacionalización no alcanzan y no es posible una prórroga", advierte el directivo de Repsol.

La crisis interna a la que se refiere la citada fuente ha hecho explosión esta misma semana con la destitución de Jorge Alvarado como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), la empresa estatal que, según el plan de Morales, va a protagonizar el proceso de nacionalización y que terminará controlando la extracción, producción y comercialización del gas y el petróleo bolivianos. Alvarado -un antiguo diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, quien se había destacado por su beligerancia contra Repsol-YPF- fue acusado en julio por la Superintendencia de Hidrocarburos boliviana de firmar en junio un contrato de exportación de petróleo a Brasil que no sólo violaba el decreto de nacionalización, sino que además resultaba lesivo para los intereses bolivianos por los términos en los que estaba suscrito.

La detención del síndico

Morales defendió a Alvarado con vehemencia -"el compañero Alvarado es incorruptible"- y aseguró que "intereses internos y externos quieren frenar la nacionalización con acusaciones falsas". Cinco días después, la fiscalía de Santa Cruz enviaba cuatro requerimientos al síndico de Repsol, Saúl Encinas Miranda, en los que exigía documentación de la empresa desde 2001 "en un plazo absurdamente perentorio", según ha denunciado la propia compañía.

Encinas se presentó en la Fiscalía con la documentación y allí quedó detenido. Y por segunda vez en pocos meses, varios fiscales allanaron la sede de Repsol en Santa Cruz en un acto calificado por Repsol de "injustificado".

"Simplemente queremos que Repsol colabore con la investigación, y si hemos allanado ese domicilio, es porque no ha colaborado con la justicia como tiene que hacer cualquier ciudadano boliviano", subraya el fiscal de distrito, Jaime Soliz, quien recalca que las investigaciones que él y otros cuatro fiscales llevan a cabo son contra Andina y no contra Repsol-YPF. Hasta el decreto de nacionalización, Andina estaba participada por Repsol, con mayoría accionarial, e YPF.

Cómo se hace con el control YPFB y cómo queda Repsol son algunos de los puntos cruciales pendientes de negociación. Por ahora, Repsol tiene en el Consejo de Administración de Andina cuatro representantes, por tres YPFB.

Finalmente, Encinas Miranda fue puesto en libertad, aunque debe presentarse ante el juez todas las semanas y está sujeto a un arresto domiciliario fuera de sus horas de trabajo. Y Morales ha destituido a Alvarado, aunque también ha relevado de sus cargos al viceministro y al superintendente de Hidrocarburos, quienes habían denunciado a su protegido.

Antes de destituir al superintendente, éste recibió varias llamadas del vicepresidente del país y del ministro de Hidrocarburos con la intención de que retirara el informe en el que denunciaba que YPFB, bajo la dirección de Alvarado, había violado la ley, pero el alto funcionario no se retractó.

"El problema de Morales es que su gente no sabe cómo funciona la maquinaria de la Administración y aquí suceden dos cosas: puede nombrar a gente poco idónea para los puestos y, por otro lado, le pueden mover el suelo bajo los pies quienes sí conocen cómo se maneja el Estado", opina un diplomático destinado en La Paz.

Morales parece haber captado la misma idea y ha colocado al frente de YPFB a Juan Carlos Ortiz, un economista nacido en Santa Cruz, de perfil mucho más técnico que su antecesor, ex directivo de Petrobras y además sobrino del embajador boliviano en Argentina, un dato que no escapa a los responsables de Repsol-YPF. "El tema de las simpatías políticas queda en el ámbito de lo personal, de lo que se trata es de hacer de este proyecto profesional una herramienta para el progreso de Bolivia", asegura Ortiz.

Más radical ha sido el nombramiento para la Superintendencia de Hidrocarburos. Santiago Berrios es un periodista partidario directamente de eliminar el cargo para el que acaba de ser nombrado "porque es una máquina burocrática que ni fiscaliza ni controla, que son los objetivos para los que fue creada".

A pesar de las declaraciones públicas del presidente de la empresa, Antonio Brufau, de que la voluntad de Repsol-YPF es permanecer en Bolivia, se albergan serias dudas sobre la verdadera voluntad del Gobierno boliviano, que combina los gestos y declaraciones de colaboración con los ataques más furibundos.

Especial daño a la confianza en sus interlocutores ha causado lo sucedido con el anterior responsable de la empresa en Bolivia, Julio Gavito. Tras estar varios días con una orden de busca y captura, Gavito se presentó voluntariamente el pasado marzo ante las autoridades después de que las palabras conciliadoras de Morales a Brufau durante una reunión mantenida en La Paz fueran interpretadas en la compañía como una garantía hacia el directivo perseguido por la justicia.

Gavito fue detenido inmediatamente y, tras pasar una noche en prisión, se le impuso una "orden de arraigo", es decir, la imposibilidad de abandonar el país, levantada temporalmente a principios de julio.

Bolivia sola no puede

Algunos observadores bolivianos advierten de que una ruptura total no sólo causaría daño a la compañía hispano-argentina. "YPFB no tiene capacidad para hacerse cargo de todo el proyecto. No hay dinero ni para la exploración ni para la explotación", subraya en su despacho de Santa Cruz Julio César Caballero, un politólogo que presenta un programa semanal de entrevistas en la televisión, y que se ha convertido en un referente para seguir la crisis boliviana. "Lo que pretende hacer el Estado es quedarse con todo el negocio con un mínimo de inversión, y eso no funciona ni aquí ni en la China y por eso es necesaria la participación de las empresas extranjeras que obtengan ganancias, pero que también beneficien al país", añade.

Los números hablan por sí solos de la importancia, mucha o poca, de la inversión de Repsol-YPF en Bolivia. Según datos de la propia compañía correspondientes a 2005, Bolivia representa 31,2 millones de euros de beneficio neto, exactamente el 1% del total de la empresa. Su resultado operativo se sitúa en el 1,5% del total y el capital empleado es el 2,5% de los 25.000 millones de euros de capital de la firma. Tiene en Bolivia 300 trabajadores, aunque genera otros 3.000 empleos indirectos. Tal vez eso explica el escaso impacto que los problemas en Bolivia han tenido estos días en la cotización bursátil de la compañía, que, en cambio, sí se vio gravemente afectada por la reducción en la cuantificación de las reservas.

Con todos estos datos en cartera llegará próximamente a Madrid el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en lo que supondrá, si no un cambio claro de rumbo, sí una variación notable del perfil del Ejecutivo boliviano en la negociación sobre las nacionalizaciones.

Interlocutor con España

Morales ha decidido dejar en un segundo plano al ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, un experto en el tema, pero también de una reconocida hostilidad hacia las compañías extranjeras. García Linera ya ha actuado de interlocutor del secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las visitas que ambos, por separado, han realizado a La Paz en los últimos meses.

En teoría, García Linera aterrizará con los resultados preliminares de las auditorías realizadas a las petroleras bajo el brazo. Son datos concretos en los que el Gobierno boliviano ha puesto grandes expectativas para poder convencer a sus interlocutores de las nuevas condiciones en las que quiere que se desarrolle la presencia de petroleras extranjeras en Bolivia. Sin embargo, fuentes de compañías auditoras en Bolivia consultadas por este periódico aseguraron que, de las ocho auditorías que debían ser adjudicadas por el Gobierno, apenas cuatro lo habían sido y que los trabajos de investigación iban muy lentos. Varias compañías auditoras incluso han rechazado la invitación del Gobierno de Morales para realizar el encargo. "Es una cuestión en la que hay mucho más que perder que por ganar", señaló un responsable.

El vicepresidente boliviano ya ha realizado la semana pasada un viaje de similares características a Brasil, aunque el caso de Petrobras presenta significativas diferencias con el de Repsol. La petrolera brasileña es estatal -el presidente Lula ha llegado a decir en público que "Petrobras es Brasil, y Brasil es Petrobras"-, se trata del primer inversor extranjero en Bolivia y la mitad del gas que a diario consume Brasil procede de Bolivia. Sin embargo, aunque todas estas coordenadas deberían hacer más urgente un compromiso -o tal vez por eso-, las negociaciones con los brasileños están siendo extremadamente difíciles. "Hace dos meses que no tenemos interlocución con el Gobierno boliviano. Mantuvimos dos reuniones y el Gobierno boliviano decidió suspenderlas", subraya José Fernando de Freitas, presidente de Petrobras Bolivia. "Hoy en Bolivia no se puede decir que haya seguridad jurídica. La ley de 2005 daba un marco adecuado, sin embargo el decreto de nacionalización, aunque haya sido emitido por un Gobierno legítimo, plantea graves problemas porque es incompatible con la ley. Con este marco, para Petrobras, la industria de los Hidrocarburos es inviable", añade el directivo, quien, no obstante, no cierra la puerta. "Siempre creemos que negociar es la mejor alternativa".

Trasiego en Santa Cruz

Mientras, sobre el terreno las cosas no han variado mucho desde que Morales decretara, con despliegue de militares y medios de información, la nacionalización de los hidrocarburos. En los campos situados a unas tres horas de Santa Cruz de la Sierra -la ciudad oriental convertida en el pulmón económico de Bolivia-, la actividad en las explotaciones es normal. En medio del contraste del verde de la vegetación y el color plateado de tuberías y depósitos hay un trasiego de vehículos todoterreno que entran y salen de las instalaciones rodeadas de alambradas y donde la llama que surge de altas chimeneas metálicas indica la presencia del hidrocarburo.

Muchos trabajadores no pertenecen a las compañías propietarias de la explotación, sino a contratas, y algunos explican, fuera de las instalaciones, que no ha habido gran variación en la actividad y que en alguna ocasión los campos han sido visitados por funcionarios bolivianos acompañados de otras personas a las que identifican como empleados de la venezolana Petrosur que han preguntado sobre características del funcionamiento de las instalaciones.

Esta percepción de normalidad no es compartida por los vecinos de Bolivia. Argentina, que ha anunciado inversiones millonarias para crear nuevas estructuras de transporte de gas entre ambos países, ha visto cómo esta semana Bolivia interrumpía durante algunas horas el suministro de gas debido a un bloqueo campesino en la frontera entre ambos países para cuyo levantamiento Morales se vio obligado a enviar al Ejército. Acto seguido declaró "en emergencia" a policías y militares para evitar que las instalaciones puedan ser tomadas por grupos de presión. El ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, tuvo que garantizar explícitamente a Argentina y a Brasil que los suministros de gas no se verán interrumpidos más.