La fiscalía archiva la denuncia de EB por un plan urbanístico en Mondragón

La Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa ha archivado la denuncia presentada por Ezker Batua (EB) por el convenio urbanístico que prevé la construcción en Mondragón de más de 400 viviendas en terrenos de una empresa. Una concejal del PNV, quien se pasó al grupo mixto tras este caso, sostuvo que existía trato a favor a la empresa Gelma, a la que se permitió construir pisos en sus terrenos a cambio de no abandonar el municipio y mantener sus casi 200 puestos de trabajo. La operación suponía que la compañía aportaba al consistorio dos millones de euros y obtenía unas plusvalías de casi 60 millones, según los partidos de la oposición.

La difusión de la operación llevó a que la mayoría de los partidos negociasen un nuevo convenio, por el que la empresa pagará 11 millones de euros para inversiones en el municipio. Sin embargo, Ezker Batua también se opuso a este plan y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía.

En un escrito fechado el pasado 22 de agosto, el fiscal de la Audiencia ha decidido el sobreseimiento de las diligencias al estimar que no existe ningún delito. "El examen de la documentación pone de manifiesto que ninguna ilegalidad se ha producido en el proceso de aprobación ni de las normas de planeamiento urbanístico" del convenio, dice.

Cambio de contenido

El fiscal añade que no es competente para evaluar "los beneficios o perjuicios" económicos del convenio para el municipio, pues ello "rebasaría el ámbito" del principio de legalidad. Sobre las discrepancias de valoración económica de la operación entre el jefe de Urbanismo y la secretaria municipal, dice que es una cuestión no penal, sino que "en su caso debieran ser corregidas a través del Derecho Administrativo".

El alcalde de Mondragón, el peneuvista Ignacio Lakunza, instó ayer a que prevalezca "el estilo de trabajo ordenado y constante" en el municipio, "discutiendo las divergencias, pero respetándose mutuamente". Agregó que la resolución de la fiscalía evidencia "las falsas acusaciones" del edil de Ezker Batua Ander Rodríguez, quien ha tratado "de manipular la opinión pública".

Rodríguez, mientras, expresó su respeto por la decisión del fiscal, pero precisó que se ha ceñido a analizar sólo la existencia de un posible delito de prevaricación. "Nosotros apuntábamos al cohecho, desviación de poder y tráfico de influencias. En ningún momento hemos dicho que el convenio fuera ilegal porque, en tal caso, habríamos acudido al Contencioso-administrativo".

Ezker Batua de Mondragón, que el martes analizará públicamente la resolución, se plantea cambiar el contenido de su denuncia y llevarla a los juzgados. "Hemos actuado con responsabilidad. Nos llama la atención que el fiscal ni siquiera haya llamado a testificar a la edil" que denunció por vez primera el convenio urbanístico, según Rodríguez.