Policías locales bajo sospecha

El respaldo público que el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo (PP), ha prestado a los concejales y los cargos de la Policía Local imputados por presuntas torturas viene precedido de supuestas irregularidades en la conformación de la cúpula del cuerpo con las que el regidor se ha hecho un traje policial a medida. El ascenso fulgurante de varios agentes, algunos de los cuales ya han declarado ante la juez, fue promovido por el concejal de Seguridad, Pedro Valero, o el jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, ambos implicados en la trama. Varias designaciones tuvieron la oposición de los técnicos municipales, que en algunos casos advirtieron de que podían constituir un delito de prevaricación o fraude de ley.

Entre las designaciones 'a dedo' se encuentra la de la sobrina del edil de Infraestructuras

Un hermano del jefe de policía fue condenado en 1998 por maltratar a un inmigrante

El primer caso especial entre los mandos policiales es el del intendente jefe Alejandro Morer. El jefe de la policía ocupa su puesto con un título de Formación Profesional complementado con un curso de habilitación de la Generalitat valenciana. La ley autonómica de policías locales, aprobada en 1999, obliga a nombrar a un "intendente principal" en las poblaciones con más de 100 agentes, como es el caso de Torrevieja. Tras siete años de vigencia de la norma, el alcalde aún no ha iniciado el proceso para cubrir esa plaza, para la que se requiere tener un título universitario.

Entre los agentes imputados por torturas ascendidos con el rechazo de los técnicos se encuentra el inspector Carlos Illán. Fue en su casa donde entró presuntamente a robar el inmigrante latinoamericano que denunció los malos tratos policiales el pasado 23 de junio, después de que el policía lo sorprendiera. Esa denuncia, investigada en el juzgado de Instrucción 1 de Torrevieja, es la que ha dado lugar a la detención de los 12 agentes que hasta el momento han declarado ante la juez.

Illán, con categoría de oficial, ocupó un puesto de inspector (el segundo en la jerarquía) en situación de interino (comisión de servicios) por un plazo de dos años que finalizó el pasado abril. El alcalde, sin embargo, le permitió seguir en el cargo en contra del criterio de la secretaria municipal y el interventor. La primera advirtió en su informe de que la prórroga de esa situación perseguía "un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico" por lo que si el acto se adoptara (como finalmente se hizo), sería "en fraude de ley". El interventor expresó su disconformidad, con los mismos argumentos. Este inspector provisional es la mano derecha del intendente jefe, según fuentes del cuerpo. Algunos de sus compañeros lo consideran "un policía de acción" y destacan de él su carácter violento y afición por las artes marciales.

Las supuestas irregularidades en la prórroga de Illán se repitieron con el también inspector Antonio Morer, uno de los tres hermanos del intendente jefe que están en plantilla pero que, por el momento, no se ha visto relacionado en la causa. Bajo la misma fórmula se autorizó la permanencia en el puesto de una sobrina del concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y de otros cuatro agentes más. La secretaria municipal advirtió de que permitirles ocupar esas plazas sin proceso selectivo "vulneraría frontalmente los artículos 405 y 406 del Código Penal", que tipifican la prevaricación.

En el tercer escalón de la estructura de mandos se encuentra integrado por los oficiales, ocho de los cuales también ocupan su puesto de forma provisional tras ser ascendidos discrecionalmente por el alcalde a propuesta del jefe de la policía. Dos de las plazas de ese rango pertenecen a los gemelos Julio y Ricardo Morer, los dos hermanos del jefe y ambos denunciados por actos violentos en otras ocasiones.

Una de las víctimas de Julio fue Abdelfetlah Omi. El 8 de junio de 1992, mientras estaba en su puesto de artesanía marroquí, dos agentes le exigieron la licencia de venta. Al carecer de ella, el marroquí les facilitó su Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Morer y otro agente le obligaron a levantar el tenderete y Omi acató las órdenes aunque se dirigió a ellos para que le devolvieran la documentación. En ese momento se inició un forcejeo y el vendedor fue reducido por otros policías. Sufrió lesiones en sus muñecas y en el cuero cabelludo que le provocaron mientras lo introducían en el coche patrulla así como en las dependencias policiales.

El juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela condenó en 1998 a Morer como autor de una falta de lesiones. Morer tuvo que pagar 180 euros de multa e indemnizar con otros 450 a Omi. La juez consideró que las lesiones "fueron causadas por personas que, extralimitándose en sus facultades y amparadas bajo el uniforme, emplean la fuerza y la arrogancia en el ejercicio de sus funciones", según argumentó en los fundamentos jurídicos de su sentencia.

La denuncia que pesa sobre su hermano gemelo, Ricardo, la presentó Manuel Ferrandis, un vecino del municipio al que requirieron la documentación del coche la noche del 9 de mayo de 1999. Al no llevarla encima, fue conducido por Morer y otros agentes a comisaría donde le hicieron una prueba de alcoholemia que, según la denuncia, resultó negativa. Los policías no se conformaron y lo cachearon encontrando en sus bolsillos "dos pequeñas piezas de hachís".

El hermano del jefe de policía y sus compañeros, siempre según la denuncia, obligaron al detenido a desnudarse. Morer pisó su ropa y ante las quejas de Ferrandis, le pegó un puñetazo en la cara. "Es en ese momento, cuando los otros dos agentes agarran cada uno de un brazo al denunciante y el agente Ricardo Morer empieza a propinarle puñetazos en la cara, en el torso, lo tira al suelo, le pisa el cuello mientras los dos agentes le sostienen la cabeza contra el mismo y lo arrastran, quedando el denunciante en un estado próximo a la pérdida de conocimiento", continúa la denuncia.

Cuando se recuperó un poco, los agentes lo lavaron, lo vistieron y le advirtieron de que no presentara denuncia. "Las consecuencias van a ser peores", asegura que le dijeron. Los agentes lo trasladaron al centro de salud de Torrevieja y desde allí, una ambulancia lo condujo al Hospital de Orihuela. En su diagnóstico figura "contusión en órbita izquierda, herida en zona malar izquierda que requiere sutura, fisura en los huesos propios de la nariz que le provocan desviación del tabique nasal, erosión en el cuello y el codo izquierdo, y hematoma frontoparietal derecho".

El juzgado número 4 de Orihuela ha fijado la fecha del juicio en tres ocasiones, pero lo ha suspendido por la inasistencia de los presuntos agresores. Ferrandis espera ahora que gracias al nuevo caso de torturas, la cuarta notificación que reciba sea la buena.