El Consell y los alcaldes socialistas pactan las bases del nuevo parque natural del Turia

El Consell y los alcaldes socialistas acordaron ayer las bases del nuevo parque natural del Turia, el segundo del área metropolitana de Valencia después de L'Albufera. En un día desacostumbrado, el consejero de Territorio y los ediles intercambiaron fórmulas de reconocimiento y palabras de gratitud. González Pons retiró cualquier reserva sobre la presa de Vilamarxant y extendió al Gobierno "la voluntad inequívoca de diálogo y participación" en el proyecto del parque. Queda por determinar cómo se hará público un suelo que está hoy mayoritariamente en manos privadas.

El consejero de Territorio, los alcaldes socialistas y los del PP comparecieron con semblante relajado ante un gran panel del futuro espacio protegido; 4.673 hectáreas entre bosques y riberas del Turia que se extenderá 35 kilómetros desde Quart de Poblet y Manises, cerca de Valencia, hasta Pedralba. El parque debería ser una realidad el 1 de enero de 2007.

La reunión sirvió para alcanzar el consenso en un proyecto que empezó con mal pie. El asunto se envenenó hace un mes, cuando González Pons convocó sólo a los alcaldes y a los concejales del PP en la oposición de las poblaciones implicadas para explicarles el proyecto mientras daban una vuelta por la Vallesa, un bosque de pino carrasco que constituye el corazón del nuevo parque.

La presa de Vilamarxant, una obra planeada para evitar inundaciones tras la gran riada de 1957, que fue retomada por los gobiernos del Partido Popular y que adjudicó el año pasado el Ejecutivo socialista, se convirtió en el segundo obstáculo. El consejero González Pons se mostró partidario hace unas semanas de suprimirla, e invitó al Gobierno a echarle "imaginación para solucionar el tema".

Las críticas no se hicieron esperar. El secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes; el alcalde de L'Eliana, Josep Maria Àngel; el de Paterna, Francisco Borruey; la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, calificaron de "irresponsable" y "frívolo" a González Pons por "poner en peligro al más de millón y medio de personas que viven en el área metropolitana de Valencia".

En el ambiente beatífico que se respiraba ayer en la Consejería de Territorio, su titular rectificó: "El que la presa vaya ahí ni perjudica, ni limita, ni estropea el parque. La presa no es competencia de la Generalitat ni es competencia de los municipios. Es competencia del Gobierno central". Y poco después: "Y por lo tanto, como Administración, yo estaré a lo que diga el Gobierno central, con independencia de que mantengamos nuestra postura sobre si sería bueno buscar alternativas o no". González Pons no sólo no criticó ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sino que leyó un texto de 11 puntos, consensuado en la reunión con los alcaldes, que prevé "extender al Gobierno central la voluntad inequívoca de diálogo y participación, con el fin de que se adhiera, como agente activo, al proceso de interlocución abierto entre la Generalitat y los municipios".

De la reunión salió incluso un interlocutor con el ministerio: Francisco Borruey. El alcalde socialista de Paterna recordó las conversaciones que mantuvo hace unos meses con Narbona para proteger la Vallesa después de que "alguien" -en referencia al ex consejero de Territorio Rafael Blasco- propusiera "construir en una parte del bosque y proteger la otra".

Alcaldes y Generalitat convinieron en que el suelo del parque natural debe ser público. El consejero no disponía de los datos, pero explicó que las administraciones ya disponen de terrenos en la parte alta. La Vallesa, en cambio, una zona que ha pertenecido históricamente a la familia Trénor, está mayoritariamente en manos privadas. Nadie quiso adelantar cómo se adquirirá el suelo. Eso, dijeron, actuaría como un reclamo para los especuladores. El texto acordado prevé explorar "cuantos mecanismos sean necesarios para conseguirlo". Se incluye la compra, la cesión metro a metro -una posibilidad recogida en la nueva Ley Urbanística Valenciana que permite a los promotores a ceder un metro de suelo protegido por cada metro no urbanizable que les sea recalificado-, las donaciones voluntarias, parecidas a las que se realizan con el patrimonio artístico, y otras. La voluntad es tenerlo pronto, pero González Pons afirmó que el proceso podría acabar dentro de 15 años con tal de evitar la tentación especulativa de los propietarios. Sobre todo ahora que carecen de "perspectivas urbanísticas en la zona".

El Consell ha establecido un calendario acelerado para que la declaración del parque coincida con el primer día del año electoral. El acuerdo pactado contempla instalar uno o dos retenes de vigilancia forestal para combatir los incendios y abrir la configuración del parque a la participación de grupos ecologistas y ciudadanos. El alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, confió en que la creación del parque sea "compatible" con el desarrollo urbanístico. Territorio ha recortado ya planes de crecimiento en Riba-roja, Vilamarxant y Benaguasil.

La consejería y los alcaldes están decididos a soterrar las tres líneas de alta tensión que atraviesan La Vallesa o a que su trazado sea reubicado. "¿Que vale dinero? Pues seremos comprensivos con el tiempo", dijo González Pons. "Si esto fuera la Casa de Campo o Central Park nadie entendería que pasara una línea de alta tensión".