Los Verdes acusa a las cajas de ser "soporte financiero" de la especulación

El portavoz andaluz de Los Verdes, Francisco Garrido, se mostró ayer muy crítico con las cajas andaluzas por destinar una parte importante de sus recursos al sector inmobiliario, una línea de negocio que explica en gran medida la buena evolución de las entidades financieras (ya sean bancos o cajas) españolas y andaluzas. "Las cajas se han convertido en el soporte financiero de la especulación y la corrupción urbanística en Andalucía", aseguró en conferencia de prensa Garrido, quien recordó el origen "social" de las cajas y que en sus consejos de administración se sientan representantes "de sindicatos y partidos".

El máximo representante de Los Verdes recordó que las cajas andaluzas habían destinado más del 40% de su inversión crediticia al sector inmobiliario, con la malagueña Unicaja (62% según sus datos) a la cabeza. Y aunque la mayor parte de esos recursos corresponden a créditos hipotecarios a particulares, Garrido mantuvo que las cajas deberían limitarse a conceder hipotecas a los propietarios de "viviendas protegidas". "Las hipotecas en el mercado de renta libre justifican la financiación de operaciones urbanísticas claramente especulativas y en algunos casos ilegales".

Garrido recalcó que algunos proyectos de empresarios investigados por corrupción a cargos públicos en el caso Ballena Blanca o en la Operación Malaya eran financiados por cajas andaluzas. Y consideró "escandalosas" y "muy significativas" las declaraciones del presidente de Unicaja, Braulio Medel, a raíz de estas investigaciones judiciales. "Estaba más preocupado de los efectos sobre el sector inmobiliario que de la legalidad de las actuaciones investigadas", afirmó.

Los Verdes, que comenzará una campaña para reclamar a los clientes de las cajas que muestren su oposición pública a que las cajas financien las operaciones especulativas, reclama también que el Parlamento andaluz forme una comisión de investigación para analizar las actividades de las cajas y que se obligue a las entidades financieras andaluzas a que realicen auditorías para comprobar la legalidad de las operaciones urbanísticas que vayan a financiar.