¿Se van los jueces vascos?

El 30% de los jueces que trabajaban en Euskadi en 2005 abandonaron su destino para desplazarse a otras comunidades autónomas. El dato se desprende de la información publicada en estas páginas hace unos días, según la cual 62 de los 208 profesionales de la judicatura vasca eligieron nuevo destino en otro lugar el año pasado. ¿Podrán los 146 jueces restantes garantizar que la transición de la larga noche del terrorismo etarra a la Euskadi post-ETA se haga sin menoscabo al manto protector del Estado de derecho?

La información disponible sobre cambios de destinos de jueces que trabajan en la Comunidad Autónoma Vasca no permite sacar conclusiones claras, pero si apunta a una pauta curiosa. En los años más duros de la muy selectiva estrategia de "socialización del sufrimiento" de ETA, tan sólo 19 y 20 jueces vascos, en los años 2000 y 2001 respectivamente, eligieron otro destino fuera de Euskadi. El 7 de noviembre de 2001, ETA asesinó al magistrado de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón, pero los jueces vascos tampoco se marcharon. Sin embargo, la cifra aumentó a 30 en 2004, ya sin atentados mortales, hasta alcanzar la cifra récord el año pasado de 62 jueces y magistrados que abandonaron sus destinos en Euskadi por otros lugares. La hipótesis por tanto es que, a medida que disminuye la actividad terrorista, palidecen los incentivos para ejercer la judicatura en la C.A.V. Curiosa hipótesis, ¿verdad?

Han sido jueces vascos como Lidón quienes nos han protegido de las balas durante años

Una primera explicación podría ser la tesis del "juez-terminator", según la cual muchos de los jueces que trabajan en Euskadi lo harían atraídos por la idea de combatir a ETA, ya sea movidos por el afán de ser azote de separatistas o bien, más honorablemente, como servidores públicos al rescate de la ley en momentos de apuro. Desaparecida ETA, terminada la misión.

Una segunda línea de análisis podría ser la contraria, según la cual los jueces (vascos y no vascos) que trabajan en Euskadi tomarían sus decisiones al margen de ETA, como cualquier otro magistrado en cualquier otro punto de España: el juez vasco como "juez normal". La Encuesta a los jueces y magistrados en servicio activo, publicada en abril de 2006 por el Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es), indica un creciente descontento en la profesión. Sólo el 68% de los profesionales encuestados dice estar "bastante o muy satisfecho" con su trabajo como juez, mientras que el porcentaje era del 81% en 2003 y del 80% en 1999. También ha crecido el porcentaje de quienes estiman que la consideración social de su trabajo es muy poca o inexistente: del 45% en 1999 al 48% en 2005. Además, sólo el 17% de los encuestados se muestra satisfecho con su actual nivel retributivo, mientras que el porcentaje ascendía al 26% en 2003 y al 23% en 1999.

Según esta segunda tesis, los jueces que trabajan en Euskadi serían homologables al juez medio que muestran las estadísticas, un profesional crecientemente insatisfecho con su trabajo, que probablemente toma sus decisiones sobre el destino de sus sueños en relación a variables que nada tendrían que ver con ETA, el clima por ejemplo. Podría ser.

Lo más probable, de hecho, es que, estadísticas al margen, los jueces que trabajan en Euskadi, vascos y no vascos, sean al menos tan diversos, plurales y sencillamente humanos como la sociedad en la que trabajan y que, por tanto, la hipótesis que intentamos esclarecer se explique por diferentes razones que operan al mismo tiempo, la del "juez-terminator", la del juez vasco como "juez normal", y todas aquellas que sólo una entrevista íntima con cada uno de estos 62 profesionales desvelaría.

Pero existe una tercera opción más desalentadora. Cabe la posibilidad de que entre los 62 jueces que eligieron un destino fuera de Euskadi el año pasado, muchos lo hicieran precisamente porque la Euskadi post-ETA no se les antoja un buen lugar para ver crecer a sus hijos. Una sociedad que, al corto-medio plazo, se caracterizará por la desaparición del terrorismo, la legalización y previsible recuperación de la izquierda abertzale, la reactivación de las tesis soberanistas del nacionalismo gobernante, la negociación de un nuevo marco estatutario, y una incógnita: la capacidad del gobierno central, de las fuerzas vascas no nacionalistas, de la mitad no nacionalista de la ciudadanía vasca y de las instituciones del Estado de asegurar que todo este proceso no vulnere principios básicos como el democrático, el del sentido común, el de no echar por tierra todo lo caminado, y el del tejido de solidaridades y diversidad que define a la sociedad vasca y a España como Estado.

Y quizás esta incógnita esté empujando a emigrar a otras tierras a quienes, precisamente, han sido todos estos años de violencia terrorista los garantes últimos de nuestras libertades como ciudadanos y, por tanto, hay que decirlo, de la dignidad de Euskadi como comunidad. Habrá que esperar a las estadísticas de 2006 para comprobarlo.

El estatus de los jueces como cuerpo unitario del Estado ha sido una de las claves de la derrota de ETA a manos del Estado de derecho, al haber realizado su trabajo en aplicación de la ley impermeabilizados a la tentación del gobierno central y, sobre todo, del autonómico, de condicionar la aplicación de la ley a dudosos criterios de oportunidad política, léase al tantas veces manoseado y abusado "contexto" del maldito "conflicto". ¿Quién habría protegido los derechos y libertades de todos los vascos, de los acosados por ETA pero también -¡grande es la democracia¡- de los propios terroristas y quienes les apoyaban, en un tiempo en que tantos responsables políticos vascos se auto-exculpaban del cumplimiento de sus deberes institucionales mirando hacia otro lado, haciendo "esas cosas que ha habido que hacer aquí", confundiendo víctimas con verdugos?

Sería muy grave que el 30% de los jueces que trabajaban en Euskadi el año pasado decidieran cambiar de destino por el miedo a que un nacionalismo que no ha dudado en retar a un sistema judicial que considera extraño, en declarar "persona non grata" a tres jueces vascos (José Antonio Rubalkaba dixit), o en acusarles de una "alianza estratégica con el PP" (José Luis Bilbao dixit), aproveche la coyuntura para recortar la independencia de actuación y juicio de uno de los pocos poderes que no controla en Euskadi.

Es la vieja tensión entre independencia judicial y poder político la que revivirá la Euskadi post-ETA, y es esto quizás lo que empuje a muchos jueces a marcharse. Espero estar equivocado. Jueces, fiscales y abogados son la última, si no la única, instancia de salvaguarda de la dignidad humana en países como Egipto, o México, o Colombia, donde muchos héroes anónimos viven sometidos al injusto reino del poder de los fuertes, armados y peligrosos. Han sido jueces vascos como José María Lidón Corbi (nunca olvidaré este nombre) quienes nos han protegido de las balas durante los años del terrorismo, y tienen que ser ellos también quienes nos protejan de los desmanes del poder político en ausencia de terrorismo.