Cuando el Gobierno se hace cargo

Los ataques suicidas del 11-S, en los que los terroristas de Al Qaeda utilizaron aviones comerciales como si fueran misiles para lanzarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono en el año 2001, pusieron de manifiesto los importantes agujeros que existían en el sistema de seguridad aeroportuaria en Estados Unidos. Dos meses y una semana después del trágico evento, el presidente, George W. Bush, ponía su firma en una ley que por primera vez en la historia dejaba en manos federales la gestión de los sistemas de vigilancia de los aeropuertos en lugar de confiarlos a compañías privadas.

Así nacía la TSA (siglas en inglés de Administración para la Seguridad en el Transporte). Esta agencia gubernamental cuenta en la actualidad con 43.000 agentes, el doble de lo que se tenía antes del 11-S, y opera con un presupuesto superior a los 5.300 millones de dólares (4.152,3 millones de euros) este ejercicio. Se calcula que sus agentes escanean cada año 1.300 millones de equipajes que suben a los aviones en los 450 aeropuertos del país, lo que equivale a decir que varios miles de millones de pasajeros han sido inspeccionados desde que asumió el control de los aeropuertos, hace casi cinco años.

Antes, las propias aerolíneas contrataban empresas privadas para gestionar la seguridad; ahora, la financiación es pública

La agencia gubernamental tiene 43.000 agentes, el doble que antes del 11-S, y un presupuesto de 5.300 millones de dólares

La TSA dependía en su origen del Departamento de Transporte, pero ahora es un brazo del Departamento de Seguridad Nacional, que coordina la lucha contra el terrorismo. Es decir, el 11-S supuso el abandono de un sistema por el cual las propias aerolíneas contrataban empresas privadas para la gestión de la seguridad, y en su lugar se creó una gigantesca estructura gubernamental financiada con el presupuesto público y con autoridad para establecer sus propias reglas operativas.

A primera vista, el sistema tendría como principal propósito evitar que objetos peligrosos -como cuchillos, pistolas o bombas- puedan entrar en las cabinas de los aviones. Pero el control de los pasajeros en Estados Unidos va más allá: pretende identificar a terroristas ya conocidos y prevenir que se acerquen a los aviones; detectar comportamientos de los pasajeros que puedan indicar una amenaza; e identificar a los pasajeros que no producen ningún tipo de riesgo para el vuelo. Al personal en tierra se le suman miles de agentes federales armados en los aviones.

El sistema se basa en la asunción de que cualquier pasajero es sospechoso y debe recibir el mismo escrutinio de seguridad antes de subirse al avión. La TSA se coordina, además, con las agencias y autoridades locales y regionales para supervisar la vigilancia en las carreteras, ferrocarriles, autobuses, puertos y otros sistemas de transporte de masas. "Nuestra misión es prevenir que los terroristas ataquen de nuevo a los ciudadanos estadounidenses y proteger las redes de transporte", explican desde la agencia, que considera como su principal reto "seguir manteniendo el sistema fresco, flexible, dinámico y adaptable a una amenaza impredecible".

La pregunta que se hacen los estadounidenses es si el sistema garantiza su seguridad. Y ahí arranca el debate, con el quinto aniversario del 11-S llamando a la puerta. La Heritage Foundation, un grupo de presión de tinte conservador, explica que la TSA no sólo provee a los aeropuertos los servicios para el escaneado de los pasajeros y su equipaje, sino que tiene responsabilidades reguladoras. Este papel dual de la TSA, añaden los expertos de la fundación, crea un serio conflicto de intereses. Éstos se lamentan también de la miopía del Congreso para potenciar el poder de la Casa Blanca a la hora de mejorar el sistema de inspección y lograr un sistema que permita alejar a los terroristas de los aviones de una manera más eficaz, efectiva y menos costosa, similar al modelo que se sigue en Europa.