La tierra vuelve a los negros en Suráfrica

El Gobierno de Suráfrica expropiará las tierras de los agricultores blancos que no se avengan a acordar en seis meses un precio justo para las propiedades que deben ser devueltas a los que fueron sus legítimos propietarios, poblaciones negras desposeídas durante el apartheid. Doce años después de la instauración de la democracia, el Gobierno del Congreso Nacional Africano (ANC, en sus siglas en inglés) sólo ha conseguido, previa compra, devolver a los ciudadanos negros un 3% de la tierra usurpada. El 84% continúa en manos de los blancos y el resto, en manos de los negros, muy lejos del 30% que el ANC pretende conseguir en el año 2015. Con una mayor presión pública y movimientos del estilo de los sin tierra brasileños, el Gobierno ha endurecido su discurso, después de culpar a los agricultores de entorpecer el proceso al pedir precios excesivos.

Las autoridades han recibido ya 80.000 reclamaciones de propiedades

"No hay un número fijo de agricultores a expropiar, dependerá de si están dispuestos a aceptar un precio justo. Si después de seis meses de negociación siguen pidiendo una cantidad elevada, iniciaremos la expropiación", explica Thozamile Gwanya, comisionado de Reclamaciones de Tierra. En el caso de restitución de propiedades, el comisionado recibió 80.000 reclamaciones entre 1994 y 1998, el 80% urbanas, de poblaciones que fueron obligadas a abandonar sus viviendas, y un 20% rurales, de gente obligada a dejar sus tierras durante el apartheid. Las rurales son de más difícil solución puesto que los peticionarios son comunidades de entre 50 y 10.000 personas y la posesión de títulos de propiedad es escasa, según Gwanya. Se han resuelto 8.000 casos rurales y quedan 7.000 que se suponía que debían haber llegado a un acuerdo el año pasado, por lo que se ha tenido que acordar un nuevo plazo: 2008.

La fecha límite de seis meses antes de expropiar causó malestar entre los sindicatos agrícolas: el director de Agri Sa, Hans van der Merwe, aseguró: "Sólo hemos pedido su valor comercial", mientras que el dirigente de la conservadora Transvaal Agricultural Union, Chris Jordaan, auguraba que 12.000 de los 50.000 productores blancos abandonarían la actividad tras la reforma. "¿Cómo vamos a mantener a los agricultores en los campos y dar de comer al país con estos ataques?", se preguntaba.

El cruce de acusaciones entre Gobierno y agricultores es continuo. Si el primero les recrimina su escasa colaboración, los segundos argumentan que es el Gobierno el que entorpece por falta de personal o dinero. Si el primero dice que son los campesinos los que paralizan el proceso, los segundos dicen que sí desean acuerdos rápidos, porque cuando existe una reclamación no pueden pedir créditos, no pueden mejorar sus fincas; además, algunos de los que han vendido tardan cinco años en cobrar.

Cuando el comisionado especificó que los seis meses se iniciarían una vez la reclamación de los antiguos propietarios se hubiera investigado, Annelize Crosby, representante parlamentaria de Agri Sa, aseguró: "Nosotros apoyamos esa fecha límite".

Crosby trata de desmitificar la palabra expropiación (una palabra que el Gobierno ha tardado en usar por miedo a perder confianza inversora y por no despertar los fantasmas de la vecina Zimbabue, donde los agricultores blancos fueron expulsados violentamente, sumiendo al país en una grave crisis económica: "El agricultor recibiría un precio de mercado, las pérdidas financieras y una compensación; podría llegar a recibir más dinero que con el acuerdo".

El plan de reforma también pretende la protección de aquellos operarios que viven tradicionalmente en la finca para la que trabajan, con el objetivo de que no puedan ser expulsados arbitrariamente. Este punto del plan es uno de los más problemáticos, ya que "en alguna reclamación la discusión se centraba en si los trabajadores se habían marchado voluntariamente o no", detalla Crosby.

La expulsión de los trabajadores, según Alarm (un grupo de ONG que trabajan en asuntos agrarios), se ha disparado desde 1984, con la industrialización del trabajo agrícola y la contratación temporal. Se calcula que cerca de dos millones de personas han sido desalojadas de las fincas en las que vivían entre 1994 y 2004, pese a la protección existente.

Mangaliso Kubheka, líder del Landless People Movement (Movimiento de la Gente Sin Tierra, creado en 2001), también está afectado por una expulsión de las tierras en las que ha vivido, por su reconversión en una reserva de animales. Éstas están enfocadas para el turismo y son una alternativa a la actividad agraria, difícil ahora sin los subsidios del Gobierno del apartheid y de alto riesgo, por el alto nivel de inseguridad que padecen los agricultores: 1.700 de ellos han sido asesinados desde 1994 y los robos están a la orden del día.

Kubheka critica la falta de aplicación de la legislación: "Estamos frustrados, incluso los nuevos granjeros negros están expulsando a gente de sus tierras". Kubheka se refiere al programa de redistribución, en el que el Gobierno ofrece créditos a pequeños agricultores para que puedan comprar tierra. "No nos escuchan; a escala nacional sí, pero los comisionados provinciales no quieren trabajar con la gente, el proceso es demasiado lento, no se saca a la gente de la pobreza".

Para el comisionado, la amenaza de expropiación ya ha dado sus frutos: de 70 agricultores en Mpumalanga que podrían ser expropiados, 40 están aceptando acuerdos; de 200 en Limpopo, 90, y en KwaZulu-Natal la totalidad de los 80 agricultores han llegado a acuerdos.