La juez que investiga en Torrevieja casos de tortura aparta de sus cargos a ocho policías
El edil de Sanidad, acusado de atribuir falsas lesiones a los agentes para encubrir malos tratos
La juez del caso de las presuntas torturas a detenidos por parte de la Policía Local de Torrevieja imputa también al jefe del cuerpo, Alejandro Morer, un delito contra las administraciones territoriales por contratar agentes a dedo. La magistrada ha suspendido de sus funciones a los ocho agentes que ya ha interrogado. La Guardia Civil acusa a seis policías más y a dos ediles del PP, el de Seguridad, Pedro Valero, y el de Sanidad, Hipólito Caro, que comparecerán ante la juez la próxima semana. A Caro se le acusa de falsear partes médicos a agentes teóricamente lesionados en servicios.
Alejandro Morer, jefe de la Policía Local de Torrevieja, accedió al cargo en 1994. Desde entonces, según denuncia la oposición, prácticamente cada año se contratan al menos cinco agentes nuevos sin mediar concursos ni oposiciones y sin respetar el sistema de promoción interna. En la actualidad, la plantilla de la Policía Local de Torrevieja la integran 170 agentes, de los cuales 60 son interinos, según las mismas fuentes de la oposición municipal. Además, en muchos casos, con informes en contra del secretario y del interventor, se prorrogan los contratos eventuales por encima de los plazos legales.
En concreto, a finales del 1998, Morer firmó un escrito en el que apoyó la continuidad de tres agentes interinos, cuando sus períodos de contratación ya habían expirado. El alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, dio el visto bueno a la propuesta, que también era irregular, según los técnicos municipales.
Juana López, titular del Juzgado número 2 de Torrevieja y decana de ese partido judicial, abrió las diligencias por supuestas torturas por parte de la Policía Local a principios de este año, a raíz de la detención de dos delincuentes en el municipio alicantino que habían tiroteado a un Guardia Civil en Cieza (Murcia). Hace dos meses, un súbdito guatemalteco también denunció presuntas torturas por los agentes durante su detención, al perpetrar un robo en la casa uno de los policías ya imputado [un hermano del jefe del cuerpo].
Escuchas telefónicas
En las diligencias previas, la magistrada incluyó la intervención de los teléfonos de los mandos de la Policía Local. Fruto de esas escuchas telefónicas, la juez amplió la lista de supuestos delitos a los de lesiones, falsedad en documento público, omisión del deber de perseguir el delito y el de contratar las administraciones territoriales. Este último delito recae exclusivamente sobre el intendente Morer, según ha podido saber este periódico de fuentes próximas a la investigación.
La magistrada ya ha interrogado a ocho de los agentes implicados en el caso. Los dos últimos comparecieron ayer en el juzgado. La juez ha dejado a todos en libertad con cargos y también, según fuentes de la investigación, ha acordado suspenderlos cautelarmente en sus funciones. Otras fuentes judiciales rechazan este extremo y alegan que, hasta ayer, los agentes imputados no habían recibido ninguna notificación del juzgado en ese sentido.
El alcalde también negó esa posibilidad y aseguró que todos los policías continuaban en sus puestos. Hernández Mateo insistió en que el "asunto no es de gravedad". El primer edil rechazó además la propuesta de dimisión que le presentó el jefe de la Policía Local, Morer, nada más declarar en el juzgado. La oposición pide, ahora, la dimisión de Hernández por no aceptar la propuesta de Morer y mantener a los policías imputados en sus puestos.
Los interrogatorios a los implicados en la trama de torturas a arrestados continuarán la próxima semana. El lunes y martes comparecerán el resto de agentes acusados por la Guardia Civil. Mientras, el miércoles lo hará, en calidad de imputado, Hipólito Caro, concejal de Sanidad. Caro, médico de profesión, compagina el cargo público de concejal con su actividad laboral. Hasta hace dos meses, el edil era el responsable de un centro de salud y recientemente ha sido designado director del área de salud número 22, que engloba a Torrevieja y otras seis poblaciones vecinas.
La investigación policial considera que Caro, como director del centro de salud, "amañó" partes médicos a agentes en los que certificaba que se habían lesionado en actos de servicio, especialmente en aquellos casos relacionados con las detenciones en las que supuestamente algunos detenidos fueron torturados.
El concejal de Seguridad, Pedro Valero, comparecerá ante la juez la jornada siguiente, el jueves 31. Valero, que se negó a declarar ante la Guardia Civil en la tarde del jueves, también ha sido imputado en el curso de la investigación policial. El edil, que goza de dedicación exclusiva, con un sueldo de 2.790 euros al mes, ha habilitado su despacho oficial en las dependencias de la Policía Local.
Por su parte, la acusación pública, que asume el fiscal jefe en funciones de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, espera la conclusión de los interrogatorios de todos los implicados para decidir qué medidas cautelares solicita para cada uno de los imputados.
Debate vecinal frente al juzgado
El caso de las supuestas torturas por parte de policías locales de Torrevieja suscitó ayer un debate vecinal subido de tono a las puertas del palacio de justicia del municipio. Pasadas las diez de la mañana, decenas de curiosos se acercaron a conocer de primera mano la resolución de la juez sobre los agentes citados a declarar. Un asunto que, tras saltar a la luz pública, ya ha traspasado el ámbito judicial y ha pasado a engordar las tertulias cotidianas de los vecinos sobre la seguridad.
La cuestión no es baladí en esta población, castigada desde hace años por la delincuencia. No en vano, Torrevieja tiene el deshonor de encabezar el listado de municipios con mayor incidencia de la criminalidad de España. Además, durante años, esta localidad costera, con cerca de 100.000 habitantes censados, ha sido santuario de organizaciones de redes mafiosas, preferentemente de países del Este.
La cuestión de si los agentes se excedieron o no en sus funciones no resulta en absoluto ajena a sus habitantes. "Lo que no se puede hacer es que una esté trabajando para que luego vengan y nos roben. Al final vamos a conseguir que los policías no puedan tocar a los ladrones, y entonces éstos campen a sus anchas", le dijo en tono airado una vecina a otra. "Vale, entiendo que si los pillan in fraganti les den; pero no que entre siete u ocho policías les metan una paliza, porque son personas", replicó la otra.
Entretanto, otra vecina, a gritos, defiende ante los medios la "honestidad" de estos agentes porque "gracias a ellos se puede vivir". La crispación subió de revoluciones a medida que a lo largo de la mañana se acercaban supuestos agredidos; entre ellos, Jan Louis Rosa. Este portugués de 60 años fue presuntamente apaleado por agentes el 13 de julio de 2003, según consta en una denuncia presentada ante la Guardia Civil, documento que exhibió acompañado de un parte de lesiones.
A ojos vista, el escándalo policial por hipotéticas torturas ha abierto dos frentes en Torrevieja: el judicial y el social.
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