Medio Ambiente denuncia que 18 municipios no protegen sus urbanizaciones de los incendios

Cataluña tiene 1.096 urbanizaciones. Algunas pueden ser devoradas por las llamas si se produce un incendio en los bosques que las rodean. Una ley de 2003 obliga a los municipios a establecer franjas sin vegetación que sirvan de cortafuegos en caso de peligro. El Departamento de Medio Ambiente financia estas actuaciones. El presupuesto de este año asciende a 2,8 millones de euros. Pese a ello, no todos los municipios hacen los deberes: el departamento ha advertido que en 18 poblaciones hay urbanizaciones "altamente vulnerables". Los alcaldes discrepan.

Este año han pedido, y recibido, ayudas para limpiar el bosque contiguo a las urbanizaciones 125 municipios catalanes: 70 de la provincia de Barcelona; 29 de Girona; 21 de Tarragona y 5 de Lleida. Las ayudas son, en algunos casos, para varias urbanizaciones, de modo que la suma de agrupaciones segregadas de la trama urbana en la que estos municipios han actuado es de 481. Esto significa que, a fecha de hoy, el 58% de las urbanizaciones catalanas tienen un perímetro que las aísla de la masa forestal en caso de incendio.

No es un capricho. Es un mecanismo de defensa ante el avance imparable de las llamas cuando se produce un incendio forestal y es, además, obligación desde que en 2003 fuera aprobada una ley al respecto que establecía la obligación de los municipios de establecer una franja sin vegetación entre los bosques y las urbanizaciones situadas a más de 500 metros de la trama urbana. Atendiendo a la precariedad económica de muchos pueblos pequeños, la ley establecía también la obligatoriedad del Gobierno catalán de realizar apoyos económicos.

Este año se aprobó un presupuesto de 1,8 millones de euros que el Departamento de Medio Ambiente ha ampliado luego hasta 2,8 millones de euros. Con ello, en los tres años de vigencia de la ley, se habrá conseguido abrir franjas que suman 840 kilómetros lineales. En 330 de ellos se realizan de modo sistemático tareas de mantenimiento.

"Altamente vulnerables"

Hay algunas poblaciones, afirma Medio Ambiente, que no están por la labor pese a tener urbanizaciones "altamente vulnerables" en caso de incendio. Hay 18 localidades en esta situación, siempre según el Gobierno catalán, aunque los municipios no están de acuerdo con esta apreciación. Estas localidades son Cadaqués, El Port de la Selva y Palau-Saverdera (Alt Empordà); Pontons y Torrelles de Foix (Alt Penedès); Cabrera de Igualada y Vallbona d'Anoia (Anoia); El Pont de Vilumara (Bages); Vilanova de Escornalbou y Vilaplana (Baix Camp); Alfara de Carles (Baix Ebre); Albinyana, Bonastre y Calafell (Baix Penedès); Santa Perpètua de Gaià (Conca de Barberà); Llimiana (Pallars-Jussà); Sils (Selva), y Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental).

En los más de los casos, se trata de urbanizaciones, pero en algunos son construcciones relativamente aisladas que también necesitan ser protegidas.

La opinión de Medio Ambiente no es compartida por los responsables municipales, que además no están nada contentos de verse en una lista negra.

El alcalde de Albinyana, Joaquim Nin, asegura que el Ayuntamiento se encarga anualmente de mantener un perímetro limpio y sin vegetación seca alrededor de la urbanización La Papiola, la única que tiene contacto con masa forestal. Nin afirma que el consistorio ha eliminado una zona de barbacoas junto a la ermita de Sant Antoni con el objetivo de reducir al máximo el riesgo de incendio forestal.

En Vilanova d'Escornalbou, la urbanización de Rifà no cumple la normativa contra incendios. De hecho, fuentes municipales aseguran que las casas construidas en esta zona no cumplen con ninguna normativa, ni tienen agua corriente, ni tampoco electricidad. Se trata de viviendas construidas durante los años sesenta y durante estos años no se ha regularizado su situación.

Hace apenas un mes que los trabajos para abrir la zanja perimetral de 25 metros han empezado en las urbanizaciones de Torrelles de Foix. Los trabajos se han centrado en la urbanización Plana de les Torres, pero ahora se han paralizado por ser periodo vacacional. Dentro de unas semanas, el equipo de nueve personas que está abriendo la zanja reanudará sus tareas. Cuando acaben en Plana de les Torres, los trabajos empezaran en la urbanización Can Coral. El alcalde de la localidad, el socialista Antonio Villanueva, asegura que los trabajos no se han realizado antes "porque la Generalitat no ha enviado el dinero".

Una situación diferente es la existente en Pontons, con las urbanizaciones de La Rimbalda y La Ponderosa. El alcalde, Lluís Caldentey (PP), reconoce que en ninguna de ellas se ha hecho nada. En su opinión, la responsabilidad de ejecutar la franja debería corresponder a los propietarios a través de las juntas de compensación, mientras que el Ayuntamiento "tiene la responsabilidad de exigir que se cumpla la ley".

En Llimiana (Pallars Jussà), explica el alcalde, Jaume Elies, hubo una urbanización ilegal durante 25 años y ahora legalizada. Pero el Ayuntamiento ignora que haya que hacer algo. "Nadie nos ha dicho nada", afirma el alcalde.

Sant Feliu de Codines, un municipio del Vallès Oriental, no ha podido delimitar y limpiar las franjas de seguridad de las urbanizaciones, tal como establece la legislación, por una "falta de recursos", según el concejal de Gobernación del municipio, Ramon Serra. "La Administración ha redactado la ley, pero este año nosotros no hemos visto ninguna ayuda para poderla aplicar". El año pasado "sí recibimos una subvención de 3.000 euros y destinamos 8.000 a limpiar un perímetro", puntualiza Serra.

Genís Pichart (CiU), alcalde de El Port de la Selva, asegura: "Aunque el pueblo está absolutamente rodeado de masa forestal, hay un elevado grado de seguridad y la prueba es que este verano no hemos tenido ni un incendio". Pichart afirma: "Donde se cometen auténticos desastres ambientales es en las zonas consorciadas por la Generalitat".

Igualmente crítico se muestra Narcís Deusedas (CiU), alcalde de Palau-saverdera. Joaquim Rovira (CiU), alcalde de Sils, asegura que cada año se mandan "cartas a todos los propietarios de solares recordando su obligación de limpiarlos". En las tres urbanizaciones de la zona "es el propio Ayuntamiento el que realiza los cortafuegos preceptivos entre las casas y el bosque", explica.

El alcalde de Cadaqués, Joan Borrell (ERC-AM), recuerda que tener urbanizaciones "al pie de parque natural" complica enormemente su gestión debido a la orografía del terreno, y critica Medio Ambiente por "no asumir sus responsabilidades".

Han colaborado en esta información: Oriol Aymí, Pere Lobato, Sílvia Marimon, Oriol Ponsatí-Murlà y Lluís Visa.