El fiscal acusa al alcalde de Alicante y dos ediles del PP de trato de favor a un promotor

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante acusa al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, dos ediles de su equipo de gobierno (Sonia Castedo y Luis Concepción), un técnico municipal y a la promotora Ortiz e Hijos de cinco supuestos delitos, entre ellos tráfico de influencias, en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la firma del empresario local Enrique Ortiz. En su escrito, que ayer remitió al juzgado, el ministerio público concluye que la modificación de las condiciones iniciales del contrato ha causado al Ayuntamiento un quebranto económico de al menos 2.268.060 euros.

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, remitió ayer al juzgado el escrito de conclusiones de las diligencias practicadas acerca de un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. Briones abrió la investigación el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía por un grupo de vecinos.

En su escrito, el fiscal pide al juez que abra una investigación al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Inicialmente, los denunciados son: Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante; Sonia Castedo, concejal de Urbanismo; Luis Concepción, concejal de Seguridad Ciudadana; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento técnico de Tráfico y Planificación Viaria del Consistorio; y el representante legal de la empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA.

Los trabajos de los tres aparcamientos, situados en las calles Catedrático Soler, Hermanos López Osaba y Avenida Padre, fueron adjudicados inicialmente al promotor en 2003 por un total de 14,8 millones y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el promotor presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto en el apartado del presupuesto, que elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de la concesión, que aumentaba en siete años y diez meses.

Técnicos en contra

Los técnicos de área de Urbanismo informaron en contra de la modificación. Ante la negativa de los funcionarios de ese departamento municipal, Díaz Alperi trasladó el expediente al negociado de Tráfico. En febrero de 2005, un técnico de ese departamento emitió un informe favorable a la modificación planteada por el empresario. Un mes más tarde, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el cambio.

La denuncia del fiscal remitida al juzgado dice textualmente: "Ante la solicitud por la adjudicataria de la modificación del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Alicante y su sucesiva denegación por las instancias competentes, existió un concierto previo entre el alcalde-presidente del Ayuntamiento, la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial, para lo cual se decidió dejar sin resolver la denegación de propuestas por los técnicos, sustituir el órgano gestor y la dirección facultativa del contrato hasta entonces competentes y designar como órgano a la Concejalía de Tráfico y como director facultativo a un técnico de la misma concejalía".

El ministerio público sostiene, además, que en cumplimiento de órdenes verbales de su concejal [Luis Concepción], el nuevo director facultativo emitió un informe favorable que, "cotejado con la documentación aportada, incurre en graves contradicciones e irregularidades, falseando el presupuesto de ejecución de la contrata de obras fijado en el pleno del 17 de enero de 2003, proponiendo sin justificación alguna la rectificación de un error de cálculo y tres 'necesidades nuevas' por razones de interés público y el aumento del plazo de explotación inicialmente pactado (40 años) en siete años y diez meses", recoge el escrito del fiscal.

La modificación del contrato fue ratificada por la Junta de Gobierno en sendas reuniones del 14 de marzo y 4 de julio de 2005. El fiscal subraya que la junta dio luz verde al nuevo contrato reduciendo el sobrecoste, porque la cuantía final de las obras excedía en un 20% el presupuesto inicial de ejecución aprobado por el pleno. Este extremo requería un dictamen previo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. El fiscal también sostiene que "10 meses del plazo de ampliación fueron aprobados sin justificación".

Para Briones, el quebranto económico para el Ayuntamiento, sólo en concepto de la amortización anual durante los siete años y diez meses de ampliación, es de 2.268.060,28 euros. Y, por último, el ministerio público asegura que la empresa no ejecutó la modificación aprobada en relación a la estructura perimetral del estacionamiento de la calle Hermanos López de Osaba, "beneficiándose económicamente de ello".