Los principales imputados del fraude de las bajas médicas piden la nulidad de todas las escuchas

Los abogados del ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) Carlos Carretero y del médico Francisco Casto, los dos principales imputados en la red que, supuestamente, vendía certificados falsos de incapacidad laboral, han solicitado al juez la nulidad de todas las escuchas telefónicas realizadas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los abogados defensores entienden que si el juez anula todos los pinchazos (hasta ahora sólo ha anulado varias escuchas) la operación Karlos podría quedar en agua de borrajas y el caso archivado por falta de pruebas.

Los recursos se producen después de que la pasada semana el juez instructor autorizara la salida en libertad bajo fianza de Carretero y Casto tras atender un recurso de Felipe Meléndez, abogado del médico, quien recurrió las escuchas grabadas entre el 23 y el 26 de enero pasado por haber sido realizadas "sin orden ni control judicial".

El abogado de Carretero, Alfredo Belloso, explicó ayer que las escuchas en las que se basa la imputación "no están ajustadas a derecho". Además, dijo, "Vigilancia Aduanera no es policía judicial y, por tanto, no están capacitados para desarrollar la investigación".

Por su parte, el defensor de Casto aseguró que las intervenciones telefónicas "carecen de fundamentación" y recordó que fueron realizadas como derivación de otro caso, la operación Halcón, una red de emisión de facturas falsas. Según Meléndez, "de las escuchas de Halcón surgió una segunda vía de investigación que fue desarrollada sin autorización del juez y, por tanto, de forma ilegal".

Meléndez recordó que esta posibilidad está regulada "por la figura del hecho casual, que obliga a los investigadores a comunicar al juez que han detectados un nuevo delito para que éste inicie un procedimiento nuevo". En este caso, aseguró el abogado, "los agentes de Vigilancia Aduanera no lo hicieron hasta un mes después de iniciada la investigación". Por todo ello, los letrados defensores consideran que sus recursos deben ser atendidos, lo que llevaría el caso a un callejón sin salida.

Los precedentes de casos que se han desinflado por pinchazos telefónicos irregulares han sido sonados. En 1990, el caso Naseiro, en el que se investigaba la intervención de destacados miembros del PP en una supuesta trama de financiación ilegal, fue archivado por el Tribunal Supremo. En Andalucía destaca el caso Ollero, supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de una carretera. El Supremo ordenó repetir el juicio tras anular las escuchas que sirvieron de base para el juicio.

Libertad de 'narcos'

Recientemente, en diciembre de 2004, la Audiencia de Cádiz dejó en libertad a una docena de presuntos narcotraficantes imputados en la operación Semilla. Según el tribunal, durante la investigación se vulneraron derechos sobre el secreto de las comunicaciones.

En este caso, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, considera "imprescindible" que la ley debe regular con mayor claridad las escuchas telefónicas. "Se trata de una cuestión que ha quedado atrasada sin que se hayan dado repuestas y así no podemos seguir", aseguró. Con todo, Ayuso afirmó que los jueces "no pueden echar balones fuera" porque "aunque muy básico, existe un reglamento que viene dado por la Constitución".

En el caso de la operación Karlos, la fiscal jefe advirtió de que la nulidad decretada por el instructor es "parcial y muy limitada" y aseguró que, junto a las escuchas, la fiscalía dispone de "otros medios complementarios" para demostrar la implicación de los detenidos.

Por su parte, el diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina, que en 2004 recibió la demanda de colectivos antidroga de la provincia para que el Gobierno regulase con mayor precisión las escuchas telefónicas, reconoció que el Ejecutivo, "encuentra dificultades" para modificar la ley porque se enfrenta al "muro legislativo" que establece la Constitución que es, dijo, "sagrada".

De todas formas, De la Encina aseguró que los jueces disponen de "instrumentos suficientes para ordenar escuchas" y afirmó que, en la mayoría de los casos, si las investigaciones fracasan "no es por un problema legislativo, sino de por fallos en la aplicación de la norma".