La gestora de Marbella abrirá un expediente para anular la licencia del hotel Barceló
Seis establecimientos sin permiso de apertura incumplen el plan general urbano vigente
La gestora del Ayuntamiento de Marbella aprobará en su próxima comisión permanente abrir un expediente urbanístico al hotel Barceló Golf, de cuatro estrellas, para anular su licencia de obras ilegal. Tras el expediente abierto a los dos hoteles Guadalpín, de la promotora Aifos, la gestora revisará ahora el mencionado establecimiento, que no cuenta con licencia de apertura ni de primera ocupación desde su inauguración, en 2004. El edificio excede en más del doble la densidad de edificabilidad establecida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
El expediente urbanístico al hotel Barceló incluirá el procedimiento para restaurar la legalidad urbanística, que podría conllevar el derribo o la compensación del daño por parte de la promotora y propietaria, Fadesa. Paralelamente, la gestora estudia dar licencia de apertura transitoria a éste y otros cinco hoteles que carecen de ella, así como a 600 comercios.
"Cada vez que el uso de un suelo es ilegal salta la alarma y comienza el proceso de revisión de la licencia otorgada por el anterior Ayuntamiento", afirma el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte.
Los técnicos han comprobado que el PGOU vigente permitía una densidad de edificabilidad de sólo 0,60 metros cuadrados de techo por cada metro de suelo disponible (m2t/m2s). En cambio, Fadesa construyó el hotel y 100 viviendas anexas en esta parcela de la lujosa zona de Guadalmina, con lo que elevó el parámetro de densidad a más del doble: 1,35 m2t/m2s. "El parecido del edificio del hotel Barceló con lo previsto en el plan general vigente es sólo causalidad", expuso Duarte.
La versión de la promotora del hotel difiere por completo: "El único exceso de edificabilidad fueron 15 metros cuadrados de un casetón en la azotea, y que ya derribamos años atrás. Los técnicos municipales nos dieron el visto bueno en su día", apuntan fuentes de Fadesa.
Según la gestora, el error en el caso del Barceló llegó, al igual que en el de los Guadalpín, por parte de la promotora. Al solicitar ésta la obtención de la licencia de primera ocupación, los técnicos municipales deben determinar si la licencia de obras otorgada en su día es ilegal o no, según la Ley del Suelo de 2002. La licencia de primera ocupación verifica que el proyecto ejecutado se corresponde con el proyectado en la licencia de obras. Posteriormente, la licencia de apertura determina que el proyecto ejecutado reúne las instalaciones necesarias para un hotel como las alarmas y protección contra incendios. El Barceló carece de ambas licencias, según la gestora.
Tras el plazo para que Fadesa presente alegaciones, la gestora enviará el expediente al Consejo Consultivo que debe emitir un informe preceptivo y vinculante que determine la legalidad de las licencias. "El tema hotelero estaba bastante descontrolado y no había relación entre el control urbanístico y el de calidad establecido por Turismo de la Junta", opina Duarte.
Otros casos
La gestora abrió un expediente urbanístico para anular, por exceso de edificabilidad, la licencia de obras del Guadalpín Marbella y del Guadalpín Banús, ambos de la promotora Aifos, cuyos principales directivos están imputados por cohecho en la operación Malaya. Pero no son los únicos establecimientos que contravienen el PGOU de 1986.
Los seis hoteles que carecen de licencia de apertura están construidos sobre suelos catalogados para otros usos o sufren exceso de edificabilidad. Si la densidad de edificabilidad del Barceló supera el doble de lo previsto, el Guadalpín Marbella cuenta con 15.943 metros cuadrados, cuando debía tener 7.820 metros cuadrados; el Guadalpín Banús excede su edificabilidad en 2.725 metros cuadrados.
Otros dos hoteles, el Pinomar y el Marbella Playa presentan exceso de edificabilidad, según los técnicos municipales. Por último, el Lorcrimar es un edificio que no se ajusta a la ordenación del plan parcial de su parcela y se ubica sobre un sector que carece de infraestructuras y para cuyo desarrollo era necesario un proyecto de urbanización que nunca llegó a presentarse.
Al margen de estos expedientes urbanísticos, la gestora afronta un segundo escollo con estos mismos seis hoteles y otros 600 comercios: la carencia de licencia de apertura. Esta semana recibirá previsiblemente un informe de la comisión de asesoramiento técnico para concederles licencias de apertura transitorias, a la espera del avance del nuevo PGOU.
El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, espera una solución que evite medidas drásticas: "El informe debería alumbrar la posibilidad legal para dar licencias transitorias o bien la opción legal de no tomar unas medidas cautelares desagradables", dijo.
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