Trabajo quiere que los inspectores de Osalan tengan capacidad sancionadora

El departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, quiere que sus inspectores tengan capacidad sancionadora similar a los Inspectores de Trabajo dependientes de la administración central. Para ello está ultimando el decreto que habilitará la primera partida de técnicos de Osalan, con esas funciones, aunque en última instancia la firma que dé luz verde al expediente y lo convierta en ejecutivo, será la del inspector de Trabajo.

Hasta ahora los informes de los técnicos del Instituto de Salud Laboral tenían que pasar por la Inspección de Trabajo para que ésta los supervisara y en su caso transformara en expedientes sancionadores. El decreto reconoce a los futuros inspectores de Osalan "presunción de veracidad", una figura sin la cual tendrían que seguir limitándose a informar y asesorar, es decir no podrían abrir expedientes sancionadores.

El Gobierno ha reconocido que la normativa está en la última fase pero no quiso precisar para cuando exactamente va a pasar por el Consejo de Gobierno. Al parecer sigue pendiente del último visto bueno de la Comisión Jurídica Asesora. Incluso ya dispone del trámite preceptivo del debate en los órganos consultivos.

En el CRL la patronal Confebask no veía con buenos ojos que Osalan se convirtiera en juez y parte, es decir legislara en materia de Prevención de Riesgos Laborales, y además sancionara con sus inspectores. "No parece lo más razonable", critican desde Confebask, "porque dispondrían de una información privilegiada para poder actuar al margen de la imparcialidad debida en estos casos".

Apoyo sindical

Para CC OO y UGT, que critican al departamento de trabajo por retrasar este asunto y por no facilitar canales de diálogo que faciliten la aplicación de la normativa, la medida puede ser buena. Según constatan ambas centrales podría tener efectos positivos si se habilitan un buen número de inspectores que de verdad trabajen a pie de calle para sancionar los incumplimientos de la legislación. Aunque también ven problemas en la medida, como LAB, que considera "una duplicidad de servicios más que cuestionable. Al final la firma la pone el inspector de la administración central", explica el portavoz de Salud Laboral, Ibon Zubiela.

Entre enero y marzo, las sanciones por infracciones en materia de prevención y seguridad laboral en las empresas vascas sumaron 1,1 millones de euros, es decir una media de 3.634 euros por sanción. Se paralizaron 83 centros de trabajo y se han aplicado 24 propuestas de recargo de las cotizaciones sociales por la falta de seguridad. El pasado día 26 de julio Osalan y la Fiscalía del Tribunal Superior firmaron un convenio según el cual el primero va a "asesorar y formar a los fiscales" en prevención de riesgos.