Vecinos de Zahora protestan por la falta de servicios municipales

Alrededor de 350 personas se concentraron ayer en la pedanía barbateña de Zahora para protestar por la situación de abandono que aseguran sufrir por parte del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz). Los manifestantes exigieron al alcalde, el popular Juan Manuel de Jesús, una solución a la falta de servicios en la zona, como el suministro de agua, la red de saneamiento o la seguridad.

Los vecinos de Zahora se quejan de la ausencia de suministro de agua potable, de la falta de una red de saneamiento y de depuración de aguas residuales, y de la escasa presencia de agentes de seguridad. "Llevamos más de un año con protestas y peticiones de reunión al alcalde, y nada. Estamos abandonados", manifestó el presidente de la asociación de vecinos Costa de la Luz, José Antonio Mármol.

Los problemas de la urbanización se agudizan en verano, cuando la zona, en la que habitualmente residen unas 1.200 personas, pasa a albergar entre 6.000 y 8.000 vecinos. Se resiente, por ejemplo, el servicio de recogida de basura: "Pasan semanas sin que se recojan los contenedores, las bolsas de basura se acumulan y la suciedad atrae a roedores, insectos y perros vagabundos", sostiene el portavoz.

El aumento poblacional también se nota en la circulación, "caótica", según los vecinos, a causa de las insuficientes vías que discurren por la pedanía. Mármol insistió ayer en la necesidad de convertir en travesía la carretera de acceso a la pedanía, construir arcenes y mejorar las entradas a las zonas construidas para evitar los atascos producidos "por la gente que llega a la playa desde Zahora".

Pero frente a estas exigencias, los vecinos subrayan su principal reivindicación: la legalización de las viviendas y negocios de Zahora. Hace dos años plantearon una alegación al Plan General de Ordenación Urbana de Barbate para regularizar las alrededor de 800 viviendas que existen actualmente.

El Ayuntamiento, por ahora, no ha respondido a sus peticiones. A principios de este año decenas de propietarios fueron condenados judicialmente o sancionados administrativamente por construir sin licencia municipal en terrenos rústicos no urbanizables. El alcalde respondió entonces que el Consistorio se limitaba a hacer cumplir la legalidad y, aunque descartó la demolición de viviendas, reconoció que la regulación de la urbanización era "muy complicada".

Ahora los vecinos anuncian que, de no constatar una mejora en los servicios municipales, estudiarán denunciar al Ayuntamiento "por dejadez".