El PSE acusa al Gobierno de vaciar Industria para favorecer a la SPRI

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha encomendado desde este año a la SPRI (Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial) la gestión del programa de ayuda financiera a la inversión de las pequeñas y medianas empresas, algo que el PSE-EE considera parte de un "vaciamiento" de competencias del primero, que podría, incluso, hacer cuestionable su existencia. Los socialistas quieren que la consejera Ana Aguirre explique los motivos de esta delegación de funciones y si se ajusta a la legalidad.

Los socialistas cuestionan que la SPRI disponga del personal necesario para ejecutar el trabajo encomendado

La titular de Industria tendrá que explicar a la Cámara, a petición del Grupo Socialista, su decisión de traspasar en 2006 a la SPRI las funciones relacionadas con la gestión de las convocatorias públicas de subvenciones, producción, análisis y gestión de las ayudas económicas a pymes, hasta ahora llevadas a cabo por el propio Departamento de Industria, y del convenio anual con las entidades financieras.

El PSE-EE entiende que esta actuación supone un vaciamiento de competencias de las direcciones de la consejería que hasta ahora desarrollaban esa tarea en favor de la SPRI, y desea conocer las razones de este cambio y sus implicaciones. La parlamentaria Joana Madrigal estima que, de seguir el Gobierno "rebajando" las competencias del departamento de Aguirre, éste podría convertirse en irrelevante e incluso llegar a cuestionarse su existencia. Ese vaciamiento, otras veces solapamiento, de competencias, se estaría produciendo, según los socialistas, fundamentalmente en los programas de fomento de la competitividad y de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad.

Madrigal cuestiona incluso que la SPRI disponga del personal necesario para ejecutar el trabajo encomendado, así como de los fondos propios para hacer frente a los pagos del ejercicio vigente y de sus créditos de compromiso.

La consejera deberá explicar estos extremos y justificar la legalidad de este traspaso de responsabilidades, que podría llevar acarreado el de los funcionarios sobrantes en las direcciones afectadas a la sociedad pública, salvo que ésta recurra a contratar personal propio para sus nuevas funciones. El PSE alberga también la duda de que la SPRI cuente con autorización de la Agencia de Protección de Datos para utilizar los archivos de las empresas que optan a las subvenciones.

Falta de control

La SPRI se creó en 1981 como sociedad anónima, con al menos un 51% de su capital social en manos del Gobierno vasco, y se rige por las normas de derecho privado propias de ellas.

Esta peculiaridad confiere a la SPRI la flexibilidad para disponer de dinero y atribuirlo a determinadas empresas o proyectos que no dispone cuando se trata del sector público. Fuentes del Gobierno resaltan esta peculiaridad cuando explican la reordenación de servicios. "El sector industrial necesita de intervenciones planificadas, pero eso es complementario a la inmediatez".

Los conceptos de concurrencia y publicidad a los que está obligada una administración pública cuando otorga determinadas partidas económicas a proyectos concretos, o empresas, no vinculan a las sociedades que se rigen por el derecho privado. Sólo que, lo que para el Gobierno vasco es flexibilidad, para la oposición se convierte en falta de control, y una vía por la que se abren cada vez mayores espacios a la falta de fiscalización inmediata del dinero público.

La SPRI sí que está sujeta al control del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, si finalmente el órgano lo aprueba en su ncalendario anual de actuaciones, pero es un control a posteriori. La SPRI cuenta con un equipo humano de unas 150 personas, y participa en los tres parques tecnológicos de Euskadi, en los centros de promoción empresarial CEIA, Bic-Berrilan, Saiolan y Cedemi, en la sociedad de capital riesgo GECR S.A, y en SPRILUR S.A., la sociedad que gestiona suelo y pabellones industriales.

Los socialistas han pedido también explicaciones a la consejera Aguirre sobre los motivos por los que no comparece semestralmente ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para informar sobre la actividad general de la SPRI y sobre su situación patrimonial y financiera. La ley de creación de esta sociedad pública estableció esa obligación, que el Gobierno no habría cumplido, según señala la parlamentaria Madrigal, en todo el año transcurrido de esta legislatura y en al menos una parte de la anterior.

Entre las funciones de la SPRI está la realización de estudios y el asesoramiento en cuestiones de gestión, financiera, económica o técnica, además del fomento a la creación de nuevas empresas y a la expansión de las ya existentes, con atención predominante a su desarrollo tecnológico y a la exportación.

También le compete complementar procesos de saneamiento y reconversión, siempre que se den las condiciones objetivas de viabilidad y apoyar proyectos de investigación y desarrollo.

La sociedad puede conceder subvenciones, créditos a medio y largo plazo, y avales. También puede participar en el capital social de empresas consideradas de particular interés.