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El Supremo condena al Ayuntamiento de El Puerto por autorizar un edificio ilegal

La sentencia obliga a indemnizar con un millón a los vecinos perjudicados por la obra

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) a pagar una indemnización de 1.009.700 euros a un grupo de vecinos de una urbanización de Valdelagrana que llevó al Consistorio a los tribunales por conceder una licencia de obras en 1987 que permitió la construcción de un bloque de 11 plantas. La licencia fue concedida en contra del criterio de los técnicos municipales. El gobierno local anunció su intención de llevar a los tribunales al responsable del urbanismo en El Puerto en esa época para exigirle el dinero de la indemnización.

El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado por Independientes Portuenses, cometió ayer un error de bulto que mantuvo a lo largo de casi toda la jornada al identificar a la actual alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, como teniente de alcalde de urbanismo cuando se concedió la licencia de obra.

Finalmente, sobre las 21.00, el gobierno local tuvo que rectificar y reconocer que Teófila Martínez había sido responsable del urbanismo de El Puerto hasta mayo de 1987 y que la licencia de obra fue concedida en diciembre de ese año por la comisión de gobierno.

Por la mañana, el actual concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, había asegurado que el consistorio iba a llevar a Teófila Martínez a los tribunales por conceder una licencia "ilegal". Por la noche, Rodríguez corrigió tras una consulta con el secretario municipal y afirmó que "se trataba de un error" la aseveración de que Teófila Martínez dirigía el urbanismo de El Puerto cuando la licencia fue concedida.

En cualquier caso, Rodríguez recalcó que el gobierno local sí llevará a los tribunales al rector del urbanismo de El Puerto cuando fue concedida la licencia, Indalecio Rábago, también del Partido Popular.

El asunto que suscitó ayer la polémica es un bloque de 11 plantas que fue construido junto a la urbanización de los denunciantes, que argumentaron que la construcción eliminaba sus vistas al mar y depreciaba el valor de sus viviendas.

La sentencia del Tribunal Supremo, sobre la que no cabe recurso ordinario, fue notificada el pasado 27 de julio. El fallo desestima los reiterados recursos presentados en las dos décadas anteriores por el consistorio portuense y reconoce que a los vecinos denunciantes les asiste la razón ya que "de no haberse construido" el bloque de viviendas "hubieran disfrutado de vistas, un mejor estacionamiento y un uso satisfactorio de las zonas comunes".

Devaluación

La sentencia considera, además, que la edificación originó "una devaluación" de las viviendas de los denunciantes, lo que lleva al Tribunal Supremo a intentar compensar esta situación "mediante la indemnización acordada".

El Tribunal Supremo ratifica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2001, declaró "la imposibilidad material" de proceder a la demolición del bloque de viviendas construido ilegalmente, ya que la acción "afectaría gravemente a los derechos e intereses de terceros adquirientes de buena fe e iría en contra del principio de proporcionalidad".

El concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez (de Independientes Portuenses), subrayó, en cualquier caso, que la licencia fue concedida "de manera ilegal y con dolo". "Se llevó a la comisión de gobierno un informe favorable que contradecía el informe de los técnicos", dijo Rodríguez, quien acusó al entonces gobierno local de actuar "a instancias de la promotora" de la obra.

Rodríguez apuntó un posible delito de prevaricación, sin mencionarlo, al analizar la decisión del gobierno municipal en 1987. "Tomar una decisión con informes en contra de los técnicos municipales y haciendo caso al de la promotora", dijo "tiene un nombre en derecho".

Además, anunció que el servicio jurídico municipal está estudiando cómo lograr que la indemnización "sea satisfecha" por los responsables de conceder la licencia. "¿Por qué deben ser ahora todos los ciudadanos de El Puerto los que paguen a través de sus impuestos las consecuencias de una decisión política sin aval técnico?", dijo.

Bloque de viviendas construido ilegalmente en El Puerto de Santa María.
Bloque de viviendas construido ilegalmente en El Puerto de Santa María.JARO MUÑOZ

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